La intención del gobierno de Trump de desplazar su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén rompe el consenso internacional y debe considerarse junto al historial de limpieza étnica por parte de Israel de la población árabe de la ciudad y de los esfuerzos del país por ocultarlo. La soberanía de Israel en Jerusalén se ha considerado la sentencia de muerte de cualquier posible reconciliación, dado que las Naciones Unidas intentaron en 1947 y 1948 diseñar una solución para la Palestina posterior al Mandato. Una característica importante del plan de partición de la Asamblea General de la ONU, formulado el 29 de noviembre de 1947, era mantener abierto el estatus de Jerusalén hasta que se llegara a un acuerdo general de Palestina. Se establecería una administración internacional para gobernar la ciudad, al menos durante un periodo temporal.

Durante las hostilidades militares contra Jordania en 1948, Israel intentó tomar Jerusalén. El resultado fue la división de la ciudad entre Israel, en el sector oeste, y Jordania, en el este. Para impedir el éxito de la resolución de partición, Israel convirtió el control del sector en uno de los objetivos principales de su gobierno a finales de 1948. Sin embargo en aquel momento Israel estaba intentando convertirse en miembro de la ONU, y estas acciones generaron dudas respecto a la actitud “pacífica” del nuevo Estado, un requisito necesario establecido en la Carta de la ONU.

Abba Eban fue el arquitecto de la campaña israelí para entrar en la ONU. Convenció a sus líderes de ralentizar las actividades en Jerusalén para introducir a Israel en la organización internacional. En marzo de 1949, Israel consiguió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para su solicitud de membresía. La Asamblea General tenía entonces la última palabra.

Se celebraron audiencias abiertas, en las que se interrogó a Eban sobre las intenciones de Israel en Jerusalén. Le preguntaron si “Israel haría todo lo posible por cooperar con las Naciones Unidas para hacer cumplir la resolución de la Asamblea General del 29 de noviembre de 1947 respecto a la internacionalización de la Ciudad de Jerusalén y sus alrededores”, a lo que Eban contestó, “la cuestión de la soberanía de la zona aún no se ha resuelto y quizá se resolverá en la cuarta sesión de la Asamblea General. No será sólo el gobierno de Israel el que determine su soberanía. Todo lo que podemos hacer – y sólo si somos miembros de las Naciones Unidas – es proponer formalmente ciertas soluciones propias”. A lo que añadió: “sugerimos que la incorporación de la parte judía de Jerusalén al Estado de Israel reciba un reconocimiento formal por parte de la Asamblea General”.

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A Eban también le preguntaron: “si Israel es admitido como miembro de las Naciones Unidas, ¿cooperará con la Asamblea General para resolver la cuestión de Jerusalén?” o, “por el contrario, ¿invocará el Artículo 2, párrafo 7, de la Carta, referido a la jurisdicción nacional de los Estados?” Ese artículo concreto de la Carta de la ONU reserva los temas de jurisdicción doméstica a los Estados miembros. Eban declaró que Israel no lo invocaría para reclamar la soberanía en Jerusalén porque, según dijo, “el territorio de Jerusalén… no tiene el mismo estatus jurídico que el territorio de Israel”.

Esas garantías de que Israel no reclamaría la soberanía en Jerusalén fueron suficientes para que la Asamblea General de la ONU votara a favor de la membresía del país. La votación se celebró en mayo de 1949. Una vez admitido como miembro, Israel ya no vio necesario ocultar sus intenciones en Jerusalén. En noviembre de ese mismo año, el ministro de Exteriores israelí, Moshe Sharett, habló del tema de Jerusalén en la ONU. Contradijo las garantías prometidas por Eban. “Los judíos”, declaró, “no sólo han recuperado su presencia en Jerusalén, sino también el vínculo entre la ciudad y el Estado de Israel”. Sharett insistió en que el Estado de Israel y la Ciudad de Jerusalén debían constituir un todo inseparable.

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Rápidamente, las declaraciones de Sharett se hicieron realidad. “La Jerusalén judía es una parte orgánica e inseparable del Estado de Israel”, declaró el primer ministro, David Ben-Gurion, en la Knesset (parlamento) el 5 de diciembre de 1949. “Es inconcebible que la ONU intente separar Jerusalén del Estado de Israel o impida la soberanía de Israel sobre su capital eterna”. La Knesset votó a favor de las declaraciones de Ben-Gurion. Eso llevó a la Asamblea General de la ONU a adoptar una resolución reafirmando la internacionalidad de Jerusalén. Sin embargo, dos días después, la Knesset votó para convertir a Jerusalén en la sede del gobierno israelí. Ben-Gurion trasladó su oficina de Tel Aviv a Jerusalén.

En 1953 el Ministerio de Exteriores de Israel también se trasladó a Jerusalén, una medida que denunció el gobierno estadounidense. Normalmente, los gobiernos extranjeros ubican sus embajadas próximas al ministerio de exteriores del país anfitrión para facilitar el contacto. Así, los gobiernos extranjeros que contaban con relaciones diplomáticas con Israel tenían sus embajadas en Tel Aviv, para evitar el reconocimiento israelí de Jerusalén como su capital.

En junio de 1967, Israel atacó a Egipto. Jordania defendió a Egipto, pero fracasó. Entonces, Israel atacó a Jordania y ocupó el sector este de Jerusalén, además del este de Palestina, en la ribera occidental del río Jordán. Una vez que controló Jerusalén oriental, el gobierno de Israel declaró que se aplicaría allí la ley israelí. Esa medida llevó a la Asamblea General de la ONU a denunciar a Israel por aplicar su soberanía sobre toda la ciudad. Abba Eban declaró en la Asamblea General que la medida se aplicó sólo por conveniencia administrativa, y que no era una afirmación de soberanía. Sin embargo, en 1980, la Knesset adoptó una ley básica en la que declaró a una Jerusalén “unida” como la capital de Israel. Así, en los primeros años posteriores a 1947 y en 1967, Israel, temiendo la reacción internacional, intentó disfrazar sus afirmaciones de soberanía en Jerusalén.

La ley básica de 1980 reforzó la determinación de los Estados extranjeros a rechazar el control israelí sobre Jerusalén. Estados Unidos, por ejemplo, sólo conservó una oficina consular en la ciudad, y esa oficina no reportaba a la embajada estadounidense en Tel Aviv, sino directamente al Departamento de Estado en Washington. La visión general de la comunidad internacional sigue considerando que el problema de la soberanía de Jerusalén – tanto occidental como oriental – aún está por resolverse.

El intento de Israel de ocultar su control de Jerusalén estuvo acompañado de acciones que pretendían eliminar la población árabe de la ciudad. Consiguió mantener su control de la ciudad, empezando en 1948 por expulsar a los árabes nativos. Por ejemplo, el 31 de diciembre de 1947, el gobierno sionista puso en marcha una política para la limpieza étnica de la ciudad, una política que implementó durante los meses siguientes mediante bombardeos y ataques contra los ciudadanos árabes. El 7 de febrero de 1948, Ben-Gurion les dijo a sus compañeros del Partido Mapai; “Jerusalén no ha sido tan judía como ahora desde su destrucción en la época de los romanos”. Señaló que en “muchos distritos árabes” de Jerusalén, “ya no se ve ni a un árabe. Espero que esto no cambie”.

Desde la ocupación del sector este de la ciudad en 1967, Israel ha llevado a cabo una larga limpieza étnica. El Estado considera que los ciudadanos árabes del sector este sólo cuentan con derechos de residencia que pueden perderse por estancias prolongadas en el extranjero. Esta política supone una clara violación de las leyes internacionales referidas a la ocupación beligerante, que requieren el respeto a los derechos de estatus de la población ocupada.

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De este modo, desde 1967, Israel ha conseguido mediante una regulación administrativa lo que consiguió con armas en 1948 en la ciudad de Jerusalén; una reducción sustancial de la población árabe. Según el derecho internacional, una situación provocada de forma ilegal no debe ser reconocida por otros Estados.

Por lo tanto, la aceptación del gobierno de Trump de la soberanía israelí en Jerusalén supone la aprobación por parte de Washington de la limpieza étnica contra la población árabe palestina. Es una clara violación del consenso internacional, que establece que el estatus de Jerusalén debe resolverse de forma pacífica.