Desde su éxodo de sus hogares en 1948, los palestinos han sufrido desplazamientos continuos. Setenta años después, el conflicto sirio ha revelado otro trágico episodio de desplazamientos y pérdidas para esta vulnerable comunidad.
Para hacer frente a la huida de los palestinos entre 1947 y 1948 como resultado de la purga étnica, expulsiones forzadas, masacres (Deir Yassin), amenazas y el temor por sus vidas, así como el Plan de Partición de la ONU de 1947, se estableció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) el día 8 de diciembre de 1949.
La UNRWA tiene la obligación específica de proporcionar ayuda y protección a los refugiados palestinos, incluido el mantenimiento de los campamentos de refugiados, escuelas, centros de salud y centros de distribución. A diferencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que cuenta con un potente mandato de protección internacional en el mundo, en mandato de UNRWA queda restringido geográficamente en cinco áreas de operación: Gaza, Cisjordania, – incluyendo Jerusalén Oriental – Líbano, Jordania y Siria. El mandato de UNRWA constituye un motivo para la exclusión de los palestinos de la protección para refugiados, según el artículo 1D de la Convención de 1951 respecto al Estatus de los Refugiados.
En 1948, unos 750.000 palestinos vivían en los campamentos de refugiados de las cinco zonas de operación de la organización. Hoy en día, más de cinco millones de refugiados palestinos son elegibles para los servicios de UNRWA y 1,5 millones viven en sus campamentos. La agencia de la ONU recibió inicialmente un mandato temporal en 1949, que se ha ido extendiendo continuamente (hasta junio de 2020). UNRWA se enfrenta a la situación más difícil de su historia debido a los perpetuos recortes financieros. El último gran record de los pagos estadounidenses a UNRWA hace cuestionar la viabilidad de esta agencia especial de la ONU. El actual conflicto en Siria también ha afectado gravemente a su misión y trabajo.
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Según UNRWA, unos 560.000 palestinos vivían en Siria antes de la desestabilización política de 2011, que desembocó en la guerra actual. En general, Siria se consideraba el país con las mejores condiciones para los refugiados palestinos, comparado con otros Estados árabes. Aunque los refugiados palestinos no habían recibido una ciudadanía siria total, en general, se les trataba como a los ciudadanos árabes sirios. Contaban con muchos de los mismos derechos que los nativos sirios, con la excepción del derecho a voto. Los palestinos tenían derecho a trabajar y poseer negocios, y recibían un acceso universal a la educación y a la sanidad. El acceso a estos sectores contribuyó a la estabilidad y prosperidad de los palestinos en Siria. La mayoría se concentraba en la zona de Damasco. Aunque no era oficial, Yarmouk era el mayor campamento de Siria y tenía actividades comerciales en la capital, Damasco, que también era el centro político de los refugiados palestinos en Siria.
En comparación, cerca de 500.000 refugiados palestinos han sufrido marginación en Líbano. El Informe Anual 2000 de la UNRWA mencionó que los palestinos en Líbano “sufrían condiciones precarias de vida y vivienda, restricciones de desplazamiento y altos niveles de desempleo”. La existencia palestina en Líbano, como en otros muchos países árabes, se ha regido por actos administrativos (decretos, ordenanzas) y prácticas estatales para evitar su asentamiento. El gobierno libanés ha establecido un aparato administrativo dirigido a los refugiados palestinos.
El ministro de Interior libanés ha llegado a definir a los refugiados palestinos como “extranjeros”. Varios derechos y libertades básicos, como el derecho a la residencia y al desplazamiento, al trabajo o la libertad de propiedad, quedan sujetos a la voluntad política de las autoridades libanesas. El derecho de los refugiados palestinos al empleo está sujeto a tres principios limitantes: obtener un permiso de trabajo, la preferencia nacional y la reciprocidad de derechos y obligaciones. Como refugiados apátridas, los palestinos no tienen permitido adquirir terrenos o propiedades. Sin mencionarles, la ley libanesa prohíbe a “cualquier persona que no sea nacional de un Estado reconocido (…) a adquirir bienes inmuebles de cualquier tipo” (Ley nº 296. 3 de abril de 2001).
En Líbano, los palestinos también sufren como resultado de la dudosa configuración política del país, donde debe mantenerse un equilibrio entre cristianos y musulmanes. Con este fin, una enmienda propuesta recientemente, que pretende otorgar a las mujeres libanesas la capacidad de transmitir su ciudadanía a sus hijos, excluye a las mujeres libanesas casadas con palestinos o sirios.
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Los palestinos también hacen frente a una falta de protección en los países anfitriones fuera del mandato de la UNRWA. En Egipto, el gobierno no ha considerado elegibles a los 70.000 refugiados palestinos para la protección de ACNUR. Al igual que muchos países árabes, Egipto ha expresado su temor porque la difícil situación palestina no se resuelva adecuadamente si se aplicaran las soluciones de ACNUR – reasentamiento en un tercer país o asentamiento en el primer país de acogida. Como consecuencia, el gobierno egipcio ha implantado restricciones sobre ellos, y los palestinos deben llevar siempre encima un “Documento de Viaje Egipcio para Refugiados Palestinos”. Su validez está condicionada a la renovación de un permiso de residencia, que sólo se concede en función de la razón por la que el solicitante permanece en Egipto.
El desplazamiento secundario de los refugiados palestinos hacia países vecinos se está convirtiendo en un fenómeno habitual debido a la ausencia de protección en términos de derechos y condiciones sociales y/o crisis armadas y violentas.
En enero de 2017, aproximadamente 120.000 refugiados palestinos huyeron desde Siria a los países vecinos. Según cifras de la ONU, 32.000 huyeron a Líbano y 13.000 a Jordania. A diferencia de los ciudadanos sirios, los palestinos de Siria (PRS), que cuentan con un “Documento de Viaje Sirio para Refugiados Palestinos”, son discriminados.
Euro-Mid Observer for Human Rights informó de casos de discriminación, incluyendo el testimonio de Um Mohammad, una nativa siria en Egipto, que contó: “Recibo servicios sanitarios y alimentos porque tengo un pasaporte sirio, ¡pero mi marido y mis hijos no, sólo porque no son sirios!” Desde el golpe de Estado militar en Egipto en julio de 2013, la situación de los PRS ha empeorado. Varias ONGs han denunciado las detenciones arbitrarias, la xenofobia y la deportación de PRS.
Del mismo modo, la llegada de PRS a Líbano ha aumentado la presión sobre los ya sobrepoblados campamentos de refugiados palestinos. Según UNRWA, “casi el 90% de PRS en Líbano viven por debajo del límite de la pobreza, y el 95% no tienen seguridad alimentaria”. La presencia de refugiados palestinos de Siria (musulmanes sunníes) también ha generado preocupación en las comunidades cristianas y chiítas.
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Los palestinos se encuentran en una situación en la que “puede que su vida no esté en peligro, pero sus derechos básicos y sus necesidades económicas, sociales y psicológicas básicas siguen sin cumplirse tras años en el exilio” (documento de la ACNUR de 2004). El contínuo conflicto palestino-israelí impide que los refugiados palestinos en países de árabes puedan ejercer su derecho a regresar. Su situación insoportable también es consecuencia de lo muy poco que ha hecho ACNUR por apoyar su lucha por la supervivencia. Así, los refugiados palestinos quedan a merced de quienes les recibieron hace 70 años y desde entonces viven en un desplazamiento perpetuo.
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