El ministro argelino de Asuntos Religiosos, Mohamed Aissa, ha negado el miércoles que su país haya cerrado iglesias, en respuesta a la ola de críticas recibidas después de que las autoridades argelinas clausuraran diversos lugares utilizados para el culto por la comunidad cristiana en varias provincias del país.
Aissa ha hecho estas declaraciones mientras respondía a preguntas de la prensa sobre las críticas recibidas por las autoridades por haber tomado como objetivo estos lugares en los que la comunidad cristiana ejerce su culto.
El ministro explicó que "lo que se ha cerrado son instituciones educativas, lugares de residencia o emplazamientos comerciales que por voluntad de algunas asociaciones se habían convertido en lugares donde practicar el culto colectivo. Este tema no está relacionado con las iglesias según lo dispuesto por la ley".
"La ley argelina precisa las condiciones requeridas para la apertura de una iglesia en Argelia, y aquí se respeta esa ley, a pesar de las críticas que pueda recibir", aclaró. .
A finales de febrero, diversas asociaciones representantes de la comunidad cristiana en Argelia y otras organizaciones internacionales denunciaron que las autoridades habían cerrado iglesias en varias provincias argelinas, como Orán (oeste), Tizi Zu y Bejaia (centro), y Raqla (sur). Estas asociaciones y organizaciones han considerado las clausuras como “una presión contra la comunidad cristiana”.
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Sin embargo, según Mohamed Aissa, "la libertad de práctica de los ritos religiosos en Argelia está garantizada por la Constitución y las leyes de la República, que son preservadas por el Estado".
Los derechos religiosos de los no musulmanes en Argelia se rigen por la Ley de Prácticas Religiosas de febrero de 2006. La misma establece que la oración colectiva solo se puede llevar a cabo en los edificios destinados a tal fin y previa autorización del Comité Nacional de Ritos Religiosos. Según esta ley, el proselitismo religioso realizado por personas de religión no musulmana se castiga con una multa de hasta un millón de dinares (12.845 dólares) y cinco años de prisión.
Esta ley lleva tiempo siendo criticada por organizaciones cristianas y de defensa de los derechos humanos que argumentan que supone una restricción de la libertad de creencia. Pero las autoridades argelinas sostienen que la ley que se instauró para acabar con el caos en la práctica de la actividad religiosa y que se aplica también a la comunidad musulmana, que supone la gran mayoría de la población del país.
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