La cuenta atrás ha comenzado. La comunidad beduina de Jan-Ahmar y su famosa escuela de hecha de neumáticos y adobe están a punto de ser demolidas por la “Administración Civil”, el nombre orwelliano con el que Israel designa el gobierno militar de los territorios ocupados.
La demolición de Jan al-Ahmar no es sino otro capítulo más de un proceso de desplazamiento que que se lleva produciendo durante los últimos 70 años. Los beduinos que viven en Jan Al-Ahmar son los jahhalin, una tribu que fue expulsada del desierto del Neguev en 1952 para hacer sitio a la nueva ciudad de Arad. Simplemente fueron arrojados al otro lado de la frontera (aunque algunos jahhalin aún tienen ciudadanía israelí), y encontraron un nicho en el desierto de Judea, entre Jerusalén y Jericó, donde pudieron continuar sus vidas como pastores nómadas.
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Pero en 1967 esta tierra se convirtió en una parte valiosa de Cisjordania. Controlar esta área significaba que Israel podría cortar con facilidad Cisjordania por la mitad, excluyendo así la posibilidad de un estado palestino allí. Los beduinos fueron empujados a áreas cada vez más remotas y restringidas. En 1976 Israel estableció Ma'aleh Adumim, el que hoy es el tercer asentamiento más grande del Territorio Ocupado, con más de 40.000 habitantes (judíos), en el lugar en el que vivían los jahhalin. Desde 1997, la Administración Civil ha ido obligando a los jahhalin a abandonar sus tierras por completo, reubicándolas por la fuerza en una colina yerma que es, literalmente, el basurero municipal de Jerusalén. Los camiones llenos de basura pasan a través de su pueblo de chabolas, de camino al vertedero, y el hedor es abrumador. Todo esto es es parte de un problema más amplio: la utilización de Cisjordania, por parte de Israel, como un sitio en el que deshacerse de sus desechos urbanos e industriales (y, según creen algunos, nucleares).
Los jahhalin son parte de una comunidad mayor, formada por los 40.000 beduinos que viven en Cisjordania. Los beduinos (un término que significa “morador del desierto”) son expertos en la vida nómada. De hecho, sus rebaños de ovejas y cabras proporcionaron una gran parte de la carne y los productos lácteos a la economía palestina. Impedidos por Israel para perseguir sus vidas como pastores - Israel los ha encerrado en más de 100 campamentos - ya no pueden mantener sus rebaños y han caído en la pobreza absoluta. La familia beduina promedio gana solo 270$ por mes. La mayoría de las comunidades beduinas no tienen acceso a agua potable. Por lo tanto, sólo logran consumir un quinto del requerimiento diario de agua establecido por la OMS; los israelíes, por el contrario, consumen diez veces más agua por día, y los colonos 25 veces más, si uno incluye los jardines, las lujosas piscinas e incluso los lagos artificiales de los asentamientos. El 41% por ciento de las familias beduinas no tienen electricidad; el 79% sufre de “inseguridad alimentaria”; se les niega la educación básica y los servicios de salud; por si fuera poco, la amenaza de la demolición y la expulsión pende constantemente sobre sus cabezas. Además de la tragedia humana que supone todo esto, la expulsión forzosa es un crimen de guerra, aparte de constituir una forma de genocidio cultural.
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La intención declarada de la Administración Civil es eliminar a todos los beduinos del Área C, como parte de un proceso de eliminación que afecta a la población palestina en general. El área C representa el 62% de Cisjordania, y es donde se encuentran los asentamientos israelíes. Dos millones y medio de palestinos de Cisjordania, el 84% de la población, están encerrados en unos 70 enclaves pequeños, aislados y empobrecidos llamados Áreas A y B, que suponen el 38% restante.
El mes pasado, tres jueces de la Corte Suprema israelí, entre ellos el juez Noam Sohlberg, que vive en un asentamiento en Cisjordania, aprobaron la demolición de Jan Al-Ahmar porque fue construida “ilegalmente”. Esto es sofistería egoísta, por supuesto, porque la Administración Civil lleva 50 años sin otorgar permisos de construcción a los palestinos, obligándoles así a residir en viviendas construidas ilegalmente.
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Sin el respaldo legal proporcionado por el Tribunal Supremo israelí, la ocupación se habría derrumbado hace tiempo. El Tribunal Supremo se niega a aplicar el derecho internacional a la ocupación (especialmente, el Cuarto Convenio de Ginebra que prohíbe la construcción de asentamientos, la confiscación y anexión de tierras ocupadas y el desplazamiento de personas que habitan un territorio ocupado) y acepta todas las acciones del ejército (incluido el de la Administración Civil) como necesarias para la “seguridad”. Los palestinos del territorio ocupado, incluidos los jahhalin de Jan Al-Ahmar, viven en una aterradora realidad kafkiana donde no cuentan con ningún tipo de protección legal frente al estado, el ejército o los ataques de los colonos.
Por una ironía del destino, Jan Al-Ahmar se encuentra ubicado sobre la bíblica Posada del Buen Samaritano. Es el hogar de 173 personas, 92 de ellos niños. La escuela, construida por voluntarios italianos en 2009, la primera que han tenido los jahhalin, acoge a 150 niños. Es probable que la demolición programada tenga como objetivo dejar espacio para la expansión ilegal del asentamiento de Kfar Adumim, un suburbio de Ma'aleh Adumim. La destrucción de Jan Al-Ahmar, junto con toda la violencia, represión e injusticia de la ocupación de Israel, demuestran la bancarrota moral y la ineficacia de nuestros gobiernos a la hora de aplicar los derechos humanos y el derecho internacional. El plan de Trump, su “Ultimate Deal”, pronto le otorgará a Israel toda la zona C.
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