La nueva ley de medios que pretende aprobar el parlamento egipcio está generando un enfrentamiento abierto entre la prensa y el gobierno del país del Nilo. El sindicato de la prensa ha criticado duramente el “intento de engaño” que supone la discusión en el parlamento por parte de los diputados del partido del gobierno de una resolución que defiende diversas medidas represivas, el posible encarcelamiento de los miembros de este gremio, y unos recortes inasumibles en lo que respecta a la libertad de prensa y de profesión. Este ataque llega recogido en la nueva “Ley de Prensa y Medios de Comunicación”, que se discute estos días en el parlamento.
Así el Consejo de Periodistas ha rechazado contundentemente las enmiendas introducidas el domingo por la tarde a la ley de prensa por la Cámara de Representantes.
El Consejo de Periodistas ha remarcado que se “han ignorado” las sugerencias de su sindicato, y ha asegurado que el “gobierno” ha introducido "enmiendas simuladas" que no han variado el fondo de los artículos incluidos en este proyecto de ley, que suponen una “inasumible restricción a la libertad del trabajo de la prensa”.
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El miembro del Consejo de la Prensa Mohamed Saad Abd al Hafiz ha explicado que este proyecto de “ley de prensa y medios de comunicación” supone "una condena a muerte de la prensa independiente", denunciando que "los artículos de esta ley coartan la independencia de los trabajadores de esta profesión y restringen la libertad de opinión y de expresión, haciendo a las autoridades ejecutivas censoras de las instituciones de la prensa."
Abd Al-Hafiz ha informado a Quds Press de que tras el fracaso de las negociaciones con las autoridades el Consejo de la Prensa se va a dirigir hoy a la Asamblea General de la Prensa para que toda la comunidad periodística muestre su rechazo a esta ley.
"Nos hemos enfrentado a esta ley desde el primer día aunque no hemos sido los primeros, ya que esta situación ya se produjo cuando la prensa se enfrentó y consiguió que se bloqueara y cancelara, en 1993, época de Mubarak, una ley similar a base de presión, denuncias, boicots, sentadas y manifestaciones."
Mientras, otro miembro del Consejo de la Prensa, Amru Badr, ha opinado que "la vergüenza se cebará con todos aquellos que hayan participado o apoyado este proyecto de ley, o incluso a aquellos que no se sumen a su bloqueo. Este proyecto de ley que intenta destruir la prensa será relatado en las páginas más negras de su historia".
Badr ha explicado también a Quds Press que "la batalla será larga y se mantendrá" y que la prensa la impulsará a través de una unidad similar a la conseguida en 1993.
El presidente del sindicato de periodistas de Egipto, Abd al Mohsen Salama, ha calificado por su parte algunas de las modificaciones de esta ley propuestas por el parlamento egipcio como “rendiciones”. Y ha criticado particularmente una enmienda que permite el encarcelamiento de periodistas que se puedan “relacionar” con lo que denomina "incitación a la violencia e investigación de las circunstancias y la vida personales."
Salama continuó explicando en declaraciones públicas realizadas el domingo que se había presentado una enmienda a una cláusula que exigía a la prensa la obtención de un permiso previo para la cobertura de eventos, y que en este artículo se había fijado finalmente que este permiso sólo será necesario cuando se pretenda "acceder a zonas en que esté prohibida la filmación."
Entre las cuestiones que han provocado la protesta de los miembros de la prensa y las críticas de las redes sociales y que el “parlamento” ha aprobado sin enmienda está el artículo 19, el cual establece que "se prohíbe la publicación y difusión en prensa o en los medios de comunicación o sitios web de noticias falsas o llamamientos que inciten a violar la ley o cometer actos de violencia o de odio".
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Dado que las disposiciones de este artículo serían aplicables a toda cuenta electrónica personal o sitio en las redes sociales que cuente con más de 5000 seguidores, esta prohibición supondría la posibilidad de encarcelar a cualquier ciudadano que escribiera una opinión disidente, por ejemplo en Facebook, y que las autoridades consideraran una "noticia falsa".
Otro de los errores de base no enmendados por el parlamento, que rechazó las enmiendas al respecto presentadas por el Sindicato de la Prensa es el artículo 29, relativo a la detención preventiva especial. En el texto se ha suprimido la palabra “especial”, pero se puede seguir interpretando el texto de forma que implique una detención de los miembros de la prensa que publiquen “noticias falsas”.
El parlamento ha mantenido también el texto incluido en el punto 23 del artículo 5 de la “Ley Nacional de Prensa”. El mismo autoriza “la cancelación de las actividades y la fusión de corporaciones de la prensa”, abriendo así la posibilidad a una privatización de las corporaciones de prensa nacionales y al despido de cientos de trabajadores.
Los miembros del Consejo de la Prensa han denunciado también que se han aprobado de forma "fraudulenta" diversos artículos relacionados con el poder concedido al “consejo supremo regulador de los medios de comunicación”, por ejemplo el texto de los 4, 5 y 19, que otorga a este “consejo” la capacidad de impedir la circulación de periódicos, de retirar licencias periodísticas o de censurar contenidos periodísticos, por lo que supone un ataque inasumible contra la esencia de la profesión y su independencia.
Un informe de Human Rights Watch ha criticado recientemente a las autoridades egipcias por utilizar las leyes anti-terroristas y la ley y los tribunales de emergencia para procesar de forma injusta a periodistas, activistas y opositores que por ejercer su derecho a la crítica y la protesta de forma pacífica.
Esta ONG de ámbito internacional especializada en la defensa de los Derechos Humanos ha denunciado en un comunicado emitido ayer por la tarde que "estas prácticas abusivas que ridiculizan y obstaculizan la lucha contra el terrorismo llegan coincidiendo con la presidencia por parte de Egipto de una importante comisión dedicada a supervisar el cumplimiento de las resoluciones internacionales para luchar contra el terrorismo y mientras el máximo responsable de las Naciones Unidas en este ámbito visitaba Egipto."
Esta organización ha documentado desde 2015, año de aprobación de la actual “ley antiterrorista”, la detención de decenas de activistas y periodistas debido a sus críticas o su oposición pacífica a las políticas de las autoridades. Estos activistas y periodistas fueron posteriormente presentados ante la corte con cargos de “relación con el terrorismo”.
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