El portavoz del parlamento libanés Nabih Berri anunció el miércoles que “el parlamento libanés se está preparando para estudiar y adoptar la legislación necesaria para legislar el cultivo del cannabis y su manufactura para uso medicinal, en la forma en la que existe en muchos países europeos y en algunos estados de EE.UU.”.
El anuncio por parte de Berri se ha producido poco después de que McKinsey, una consultoría de renombre internacional, presentara una propuesta a las autoridades libanesas. La industria del cannabis movía millones de dólares antes de que fuera criminalizada. McKinsey presentó este mes al presidente libanés Michel Aoun un informe sobre cómo mejorar la economía libanesa. El contenido de este informe, sin embargo, no ha sido hecho público.
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El cannabis libanés, conocido por su “buena calidad”, constituía una industria floreciente durante la guerra civil (1975 – 1990). Después de la guerra, las autoridades trataron de erradicarla y de introducir cultivos alternativos.
La ley libanesa prevé penas de prisión para todo aquel que venda cannabis. Sin embargo, sigue siendo uno de los cultivos estrella en la provincia de Beqaa. La siembra tiene lugar en primavera, y la cosecha en Septiembre. Las plantas son secadas al sol durante tres días, antes de ser trituradas.
El diputado y líder druso Walid Jumblatt es un prominente defensor de la legalización del cannabis. La economía libanesa se ha deteriorado desde 2011 debido al estancamiento político. El conflicto en la vecina Siria no ha hecho sino exacerbar la crisis económica.
Líbano ocupa el tercer lugar en la lista de los países más endeudados del mundo. El déficit fiscal se ha duplicado en los últimos siete años, pasando de 2.300 millones de dólares en 2011 a 4.800 millones en 2018.
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