El “comité constitucional” de la Kneset israelí refrendó el miércoles la ley del "nacionalismo racial". Esta establece que "Israel es un estado judío y no una democracia". Según ha mencionado el canal hebreo esta ley fue aprobada en el comité por una ajustada mayoría. Así, votaron a favor 8 de sus miembros y en contra 7.
El diputado Michael Rosen, del partido de izquierda Meretz, ha clamado: "El gobierno de la derecha está pisoteando los valores de la Declaración de Independencia y el Estado de Israel. Pronto la ciudadanía árabe de Israel puede comenzar a considerarse ciudadanía de segunda clase".
Según el Canal 7, Rosen añadió que "esta legislación nacional supone una plasmación evidente de las políticas racistas y discriminatorias que se están llevando a cabo contra todas las minorías de Israel, políticas dirigidas por el partido “Al Beit al Yahudi” (“La casa judía”)”.
Otro miembro de la Knesset, Jaiil Jerman, del partido opositor de centro derecha “Hay Futuro” ha denunciado por su parte que "esta ley conducirá a divisiones y conflictos en las filas del pueblo israelí". Él mismo declara: "El Estado de Israel, hoy, se ha convertido en un estado judío después de abandonar el sendero de la democracia".
Por su parte, los diputados árabes presentes en el parlamento de la colonización han recalcado que esta ley pretende de forma directa dañar la posición y los derechos de la población árabe, ello a través de varios artículos. Entre ellos han mencionado el artículo que busca excluir y marginar la lengua árabe y reducir su situación de “lengua oficial” a “lengua con estatus especial” y el artículo que favorece el establecimiento de alcaldías y ciudades para promover las colonias ilegales en los territorios ocupados palestinos, en un nuevo gesto de desafío y desprecio a las leyes y la comunidad internacionales.
El Partido Likud ha dicho que una de las principales razones para aprobar ahora esta “ley nacional” es “apoyar a la administración estadounidense”. Personalidades del círculo de Netanyahu han explicado que "la administración del ex presidente de EE.UU. Barack Obama se opuso a estos términos y a esta idea de aprobar una “ley” que considere a Israel un “estado judío” y maniobró para evitar su aprobación".
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El proyecto de ley, presentado por iniciativa del abogado Avi Dijter, del Likud, pretende “consagrar al Estado de Israel en la Ley Básica como una patria para el pueblo judío, consagrar su carácter judío y “democrático”, consagrar algunos símbolos del estado y a Jerusalén como “capital de Israel”, consagrar el idioma hebreo como lengua oficial, y favorecer el retorno y el principio de reunificación del pueblo judío que se encuentra en la diáspora".
Esta "ley nacional judía" establece unos principios de relación con la población judía que se encuentra en la diáspora. También ofrece a la población de Israel el derecho a preservar su patrimonio “independientemente de su religión o nacionalidad y se compromete a mantener los lugares sagrados de “todas” las religiones”.
La ley incluye el calendario hebreo como "calendario oficial del estado". Y propone mantener la celebración del Día de la Independencia, las fiestas judías y los días de aniversario. Y considera la ley judía y los principios de la herencia cultural judía como “fuente de inspiración para los tribunales judiciales en la aplicación de las leyes”. La población palestina residente en los territorios palestinos colonizados en 1948, actual Israel, se opone de forma frontal a este proyecto de ley. También lo hacen los partidos políticos árabes que se hayan dentro y fuera de la Knesset y sus organizaciones sociales y civiles.
Como el hebreo, la lengua árabe se considera lengua oficial en Israel desde los tiempos del mandato británico. Sin embargo la nueva ley establecería que el idioma oficial es el hebreo y que la lengua árabe tiene un statu “especial” pero sin ser lengua oficial como es ahora.
La población de origen palestino y con nacionalidad israelí residente en los territorios palestinos colonizados en el 48 es de alrededor de 1.700.000 personas. Estos son descendientes de los más de 160.000 palestinos que permanecieron en su tierra y su hogar después de la colonización israelí en 1948 y se quejan de sufrir una continua discriminación, particularmente en las áreas de empleo y la vivienda.
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