La “Organización Árabe para la Defensa de los Derechos Humanos de Reino Unido” ha revelado los detalles de una operación de deportación llevada a cabo por las autoridades españolas en la que se ha enviado a Egipto a un imán islámico opositor al régimen egipcio.
Esta organización ha explicado que ha conseguido obtener diversas informaciones de distintas fuentes de la prisión de Madrid y de los aeropuertos de Madrid y El Cairo que confirman la participación de las autoridades españolas en la deportación y entrega al régimen egipcio del ciudadano egipcio Alaa Mohammed Said, de 45 años. Según parece, el Ministerio del Interior español y la abogada designada por el estado para la defensa de esta persona han practicado un engaño para burlar al Tribunal Europeo en connivencia con los servicios de seguridad del régimen egipcio y han completado el proceso de deportación.
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El imán deportado, de nombre Alaa Said, era el predicador de la mezquita de Al Firdaus de Logroño y presidente de la Unión Islámica de Imanes de España. Este fue enviado a Egipto el 3 de junio después de permanecer durante un mes y medio en la prisión de deportaciones de Madrid, pues la emisión de la resolución de expulsión tuvo lugar el 7 de marzo. Alaa Said ha sido acusado ante las autoridades españolas de pertenecer a los Hermanos Musulmanes y de estar adscrito al pensamiento wahabi.
Según las informaciones obtenidas por la organización humanitaria, el director del centro de detención se reunió con el predicador Alaa Said el 2 de junio y le dijo que las autoridades españolas habían acordado concederle su deseo de viajar y ser recluido en un centro de detención de otro país, confirmándole que no sería deportado a Egipto.
Al día siguiente tres miembros del personal de las fuerzas de seguridad escoltaron a Alaa en un coche hacia el aeropuerto, donde se le mantuvo en una sala aislada, y a las diez de la mañana acudieron ante él un médico y una enfermera que no revelaron el motivo de esta visita.
A las 4 de la tarde elementos de las fuerzas de seguridad obligaron a Said a montar en un coche esposado y con los ojos vendados y, acompañado del médico y la enfermera, se dirigieron en este hacia un avión privado. Es entonces cuando el piloto le informó de que iba a ser deportado a Egipto, y minutos después fue inmovilizado a la fuerza, le echaron la cabeza hacia atrás, y le inyectaron una droga que le hizo perder el conocimiento. No lo recobró hasta poco antes de llegar a Egipto.
La Organización Árabe de Defensa de los Derechos Humanos informó también que a su llegada al aeropuerto de El Cairo Said fue detenido por las fuerzas de seguridad egipcias en el interior del avión después de recibir su pasaporte, documentación y pertenencias de manos del personal de las fuerzas de seguridad españolas que estaban con él. Después fue llevado a una estancia del aeropuerto donde fue sometido a un interrogatorio.
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La organización ha explicado que a continuación Said fue llevado a un lugar desconocido y al día siguiente fue conducido ante la “Alta Fiscalía de Seguridad del Estado”, acusado de pertenecer a un grupo ilegal. En manos de esta institución permaneció, en situación de desaparición forzosa, durante 23 días, atado de manos y con los ojos vendados, para ser presentado de nuevo ante el fiscal el 25 de junio. El fiscal amplió el periodo de su detención durante otros 15 días e incluyó su caso en el sumario nº 640 de la seguridad del Estado de 2018, y después fue enviado a la prisión de Tora.
La organización ha confirmado además que las fuerzas del aparato de seguridad nacional egipcio han presionado a Said para que pidiera a su mujer y sus hijas que fueran a Egipto. Por su parte, las autoridades españolas también han ejercido esta presión sobre estas mujeres, de forma indirecta, para que abandonasen España.
La Organización Árabe de Defensa de los Derechos Humanos ha remarcado que el predicador islámico opositor al régimen egipcio se enfrenta a cargos que le pueden conducir a una sentencia de cadena perpetua o a la pena de muerte, como ocurre con miles de opositores en Egipto.
La organización ha señalado también que la documentación entregada por las autoridades españolas a Egipto incluye montajes e informaciones falsas. Entre ellas destaca una presunta visita de Alaa Said a Egipto durante la presidencia de Mohammad Mursi, el presidente depuesto en Egipto por el golpe de estado del actual regente egipcio, Abd al-Fatah al-Sisi, y actualmente encarcelado.
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La organización ha acusado a las autoridades españolas de practicar infracciones graves contra los derechos civiles y legales de Said, denunciando que estas “van desde las evidentes manipulaciones en la documentación de su caso realizadas con participación de su abogada hasta la exposición a la tortura y su deportación a Egipto y el rechazo a dejarlo viajar o a entregarlo a otros países. A ello se añaden la incitación hecha contra él al informar a las autoridades egipcias de que este clérigo es simpatizante de la organización que más está sufriendo la tortura en Egipto, y la entrega a este país, donde podría seguir el mismo destino que las decenas de miles de detenidos opositores al régimen”.
La Organización Árabe de Defensa de los Derechos Humanos en Reino Unido ha hecho responsable a las autoridades españolas, a nivel legal y moral, de la situación a la que está sometido y de los daños, torturas e injusticias que pueda sufrir Alaa Said. Y ha asegurado que los cargos de que se le acusa no suponen de base ningún delito y no ha cometido ninguna acción que pueda justificar su procesamiento. Todo lo que las autoridades españolas tienen contra él es sólo una acusación que depende de sus ideas, lo que obviamente no constituye ninguna acción material que pueda constituir un delito. La legislación internacional, europea y local consagran la libertad de pensamiento y crítica.
Así, la organización británica de Defensa de los Derechos Humanos ha exigido también a las autoridades españolas que cesen en su intento de presionar a la esposa e hijas de Alaa para que abandonen España.
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