Las señales de alarma son claras e inconfundibles: el reino de Bahréin se encuentra en una dificultad financiera grave y su economía está en crisis. La clasificación de bonos del país figura sin valor. La deuda bruta como porcentaje del PIB alcanza el 94,9%, cerca de cuatro veces la media del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG). El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que es hora de que se cree un plan completo para tratar con la carga vertiginosa de la deuda. Y los principales benefactores de Bahréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han dudado en entregar un paquete de rescate exhaustivo hasta y a no ser que las autoridades en Manama puedan articular una aproximación efectiva para tratar con la crisis económica.
Las dificultades derivadas de enfrentarse al reino es un callejón sin salida político que ha persistido durante más de siete años. Únicamente en el Golfo, Bahréin posee una mayoría chií gobernada durante más de dos siglos por la familia sunní Al-Khalifa. Los bahreiníes chiíes se han quejado durante mucho tiempo de la discriminación a manos de la monarquía.
En febrero de 2011, más de 100.000 protestantes pacíficos, en un país que tiene una población indígena de un poco más de 650.000 personas, salieron a la calle e hicieron un llamamiento para una reforma democrática. Muchos miembros de la familia gobernante vieron lo sucedido como una grave amenaza, puesto que tenían en mente el papel que llevaron a cabo las protestas populares en el derrocamiento de los dictadores en África del Norte. Las manifestaciones en la capital fueron reprimidos con fuerza letal.
En señal de protesta, Al-Wefaq, el bloque político chiita en el parlamento, retiró sus 18 miembros y en julio de 2011 y tuvieron conversaciones de reconciliación. A pesar de las promesas gubernamentales de reforma, la represión estaba al orden del día; millones fueron arrestados, docenas fueron asesinados y más de cientos fueron heridos.
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Mientras la represión gubernamental continuaba, Al-Wefaq respondió con un boicot en las elecciones parlamentarias de 2014. El gobierno contraatacó encarcelando a su líder, Shaikh Ali Salman, en 2015. Fue sentenciado a cuatro años de prisión por “incitar odio, promover desobediencia e insultar instituciones públicas”. En 2016, Al-Wefaq y otra sociedad política, Wa’ad, fueron prohibidas por el gobierno.
No se puede cuestionar que el punto muerto ha dañado a la economía de Bahréin, ya que ha erosionado las muchas ventajas que el país disfrutaba: un sistema bancario transparente y bien regulado que era atractivo para los inversores extranjeros; una población joven bien educada comprometida a la ética del trabajo duro; un sector privado considerablemente vivo; y una sociedad que, en contraste con su vecino más cercano Arabia Saudí, estaba relajada y era relativamente tolerante, incluyendo, como hizo, Al-Wasat, una página de noticias independientes, algo único en el Golfo.
Hoy en día, el país está profundamente dividido en profundas líneas sectarias. La mayoría de chiíes se encuentran viviendo en lo que equivale a un Estado policial. La familia gobernante está dividida en los intransigentes que quieren que la política de represión continúe y los moderados que ven el daño que el punto muerto ha causado. El déficit de confianza es enorme.
Si se acepta que la situación actual es insostenible e inaceptable, y la gran mayoría de bahreiníes lo hacen, y si se reconoce que, sin un cambio de dirección, la economía continuará en una trayectoria descendente, entonces puede discutirse que es el momento adecuado para avanzar hacia un punto en común que lleve a la reconciliación.
Las elecciones parlamentarias programadas más tarde este año presentan una oportunidad para que el proceso comience, sin embargo, enormes obstáculos se mantienen en su lugar. El gobierno, a petición de los intransigentes, le ha denegado a los miembros de las sociedades políticas prohibidas la oportunidad de presentarse a las elecciones. Al-Wefaq se mantiene dividida en cuanto a si realmente lo haría, incluso si le fuese permitido presentar candidatos.
Ambas partes tienen que ceder un poco: el gobierno quitando la prohibición que niega a muchos moderados la oportunidad de servir su país en tiempos de crisis; y la oposición eliminando su boicot a fin de asegurar un mejor trato a los ciudadanos que representa.
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Y, por supuesto, la comunidad chií que ha sufrido enormemente a manos del régimen, necesitará ser persuadida de que aquellos que eligen optar a cargos públicos no están traicionando a la comunidad. La comunidad necesitaría hacer un acto de fe que únicamente sus líderes pueden incentivar y apoyar. Esa tarea sería menos abrumadora si el gobierno fuese a liberar prisioneros políticos de la prisión Jau, donde más de 3.000 se encuentran actualmente detenidos.
El parlamento de Bahréin tiene limitada autoridad y, como resultado del fraude electoral, la oposición no tiene ninguna posibilidad de asegurar sitios suficientes para formar una mayoría. Aun así, mejor dentro que fuera. El boicot de 2014 le dio a los intransigentes de la familia gobernante terreno limpio para argumentar que la oposición era la culpable del punto muerto. Incentivado por algo equivalente a un error estratégico para aquellos que los consideran enemigos, procedieron a tomar medidas más duras, encarcelando líderes de la oposición, prohibiendo sociedades políticas, cerrando Al-Wasat y utilizando los tribunales, legislación antiterrorista draconiana y la supresión de la ciudadanía en un despiadado intento de aplastar a todos los oponentes internos.
Los intransigentes han fallado, y el fracaso no ha pasado desapercibido por el mundo exterior. Un congresista republicano estadounidense, Randy Hultgren, copresidente de la influyente Tom Lantos Human Rights Commission, ha apresurado al gobierno de Bahréin para “dejar que su gente se organice y se exprese pacíficamente y acorde a su propia conciencia”. Además, “la represión política de la comunidad chií y los defensores de la libertad de expresión y blogueros no llevarán a la estabilidad, sino que fomentarán el tipo de extremismo que Bahréin afirma estar luchando”.
Por encima de todo, el negocio busca estabilidad. El congresista hace un simple pero un completo punto válido; la represión fomenta la inestabilidad. Es hora de que los líderes en la comunidad de negocios, así como a través de las comunidades chií y sunní, rompan el punto muerto y sigan hacia adelante. Es hora de que los moderados en la familia gobernante salgan de la sombra. El viaje hacia un punto en común para la reconciliación necesita comenzar ya.
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