España no tolerará intentos violentos de entrar en el país, anunció el Gobierno el miércoles en respuesta a las críticas por la devolución exprés de 116 inmigrantes a Marruecos. Ésta se había producido después de un episodio en el que la valla que protege en el enclave de Ceuta fuera tomada por asalto.
Las costas meridionales de España se han convertido en la principal puerta de entrada para los inmigrantes que buscan una vida mejor en Europa, adelantando así a Italia y Grecia. El cambio de la ruta se hizo notar en particular después de que el nuevo Gobierno italiano, de corte populista, comenzara a rechazar embarcaciones de salvamento.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las devoluciones no fueron conformes a derecho, puesto que los inmigrantes no tuvieron la oportunidad de solicitar asilo, ni de identificarse como menores de edad.
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Después de que el nuevo presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, asumiera el cargo en junio, la inmigración ha estado en el centro del debate político –en particular, después de que aceptara recibir a 600 personas que se encontraban a bordo del Aquarius-.
La semana pasada, durante un intento de salvar la valla, algunos inmigrantes lanzaron sustancias corrosivas contra la policía. Al día siguiente, quienes habían conseguido cruzar fueron devueltos a Marruecos.
“España y Marruecos quieren enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales que trafican con personas,” declaró el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante una comisión parlamentaria. “No permitiremos una inmigración violenta que ataque a nuestro país y a nuestras fuerzas de seguridad,” añadió.
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Durante años, inmigrantes procedentes sobre todo del África Subsahariana han intentado entrar a Europa escalando las vallas cubiertas de concertinas que separan los enclaves españoles de Ceuta y Melilla de Marruecos.
Por esta vía se producen aproximadamente el 13% de las entradas irregulares en territorio español.
El miércoles, los guardacostas españoles anunciaron que habían rescatado a 196 personas de ocho embarcaciones en la zona del Estrecho de Gibraltar, que separa a España de Marruecos.
La política migratoria del Gobierno se basa en “la solidaridad, la humanidad y la seguridad,” aseguró Grande-Marlaska, afirmando que a los inmigrantes devueltos se les había prestado asistencia.
La policía anunció por su parte que el miércoles había detenido a 10 inmigrantes que habían saltado la valla en julio, acusándoles de pertenencia a banda criminal, ataque a la autoridad del estado y daños materiales.
Durante aquel incidente, algunos inmigrantes habían lanzado contra la policía botellas de plástico llenas de excrementos y cal viva, así como artefactos incendiarios caseros, con el fin de alejar a los agentes de la zona de la valla.
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