La controvertida definición de antisemitismo adoptada por el gobierno de Reino Unido no es apta para el propósito de la toma de decisiones, ha declarado el Consejero de la Reina Geoffrey Robertson en una opinión publicada hoy. En el Reino Unido, los Consejeros de la Reina son eminentes juristas con un estatus especial conferido por Patente Real y reconocido en los tribunales.
Robertson es un experto en libertad de expresión y derechos humanos, que ha emitido esta opinión con el propósito de aconsejar al Centro Palestino por el Retorno. En ella, el jurista señala que la definición oficial no cubre las formas más insidiosas de hostilidad contra los judíos, y que es lo suficientemente vaga como para que pueda ser empleada para acallar las críticas legítimas contra el estado de Israel, así como la cobertura de las violaciones de derechos humanos de los palestinos.
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Robertson ha criticado a la primera ministra Theresa May por adoptar una definición que no pretendía ser vinculante y que no ha sido redactada para constituir una definición comprehensiva. Al centrarse en expresiones que incitan al odio, deja fuera los discursos que crean hostilidad o que “difunden de forma cortés el veneno del prejuicio” contra los judíos como pueblo. El jurista manifiesta también su sorpresa porque las organizaciones judías estén presionando al Partido Laborista para aceptar por completo esta definición, sin darse cuenta de que no protege a los judíos de muchas de las formas imperantes de antisemitismo.
En su opinión, Robertson examina los once “ejemplos” que acompañan a la definición de antisemitismo, y concluye que varios de ellos están redactados de una forma tan vaga que es probable que se usen para acallar las críticas a las acciones del Gobierno israelí o la defensa de las sanciones como una forma de poner freno a las violaciones de derechos humanos. Recalca de manera explícita que existe el peligro de que la definición se empleada para difamar a los críticos de Israel, tachándoles de antisemitas.
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Robertson critica también el hecho de que el Gobierno haya “adoptado” la definición sin haberla debatido en el Parlamento y sin tomar medidas para la protección de la libertad de expresión como había recomendado el Comité del Interior. Si la definición es aplicada por una universidad o por un municipio, señala el jurista, estos deberían seguir la recomendación del Comité del Interior y añadir la aclaración de que “no es antisemita criticar al Gobierno de Israel, a falta de otras pruebas que indiquen una intención antisemita”. Robertson añade que esta aclaración debería ser añadida por cualquier institución pública u organización que adopte la definición sancionada por el Gobierno.
“Un problema particular de la definición de la IHRA es que en la práctica es probable que limite la libertad de expresión, reforzando las expectativas por parte de los grupos pro-israelíes de que pueden objetar con éxito a las críticas legítimas contra Israel, y sembrando el miedo entre las ONGs y organizaciones estudiantiles de que sus eventos podrían ser prohibidos, o de que podrían verse obligados a emprender acciones legales para defenderlos. En ambos casos, es posible que dejen de organizar tales eventos,” continúa el jurista.
La opinión concluye recalcando que, sea bajo el enfoque de los derechos humanos o el de la definición de la IHRA, la acción política en contra de Israel no puede ser caracterizada de antisemita, a no ser que su propósito sea difundir el odio o la hostilidad contra los judíos en general.
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