El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha autorizado la entrega de 1.200 millones de dólares a Egipto en concepto de ayuda militar. Hasta ahora esta financiación había permanecido en suspenso, debido a la situación de los derechos humanos en el país del Nilo.
La cifra incluye mil millones procedentes de los presupuestos de 2018 y 195 millones que restaban de 2017 y que hubieran sido devueltos al tesoro a final de mes de no haber sido gastados.
El departamento de Estado informó al Congreso el viernes pasado; ahora los congresistas cuentan con 15 días para recurrir la transferencia del dinero, que cae en la categoría de Financiación Militar Extranjera (FMF por sus siglas en inglés).
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En julio, Pompeo también descongeló 195 millones de FMF que originalmente debían haberse trasferido en 2016, pero que habían sido paralizados por su predecesor en el cargo, Rex Tillerson, debido a su preocupación por la situación de los derechos humanos en Egipto.
La administración Trump todavía alberga “una grave preocupación por la situación de los derechos humanos en Egipto” y continuará mencionando esta preocupación en sus relaciones con altos cargos egipcios, señaló el departamento de Estado en un comunicado.
“Al mismo tiempo, el reforzamiento de la cooperación en materia de seguridad con Egipto es importante para la seguridad nacional de EE.UU. El secretario Pompeo ha determinado que continuar destinando y gastando estos fondos FMF es importante para reforzar nuestra cooperación en materia de seguridad con Egipto,” concluye el comunicado.
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Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado la decisión, calificándolo de “luz verde” para los abusos y las torturas.
“Enviar más ayuda militar es reforzar la apuesta por la terrible decisión de julio,” denunció en un comunicado Human Rights First. “Es una señal clara de que a la administración Trump le parece bien que el presidente Sisi persiga a los defensores de los derechos humanos. No sería posible darle una luz verde más intensa que ésta”.
La suspensión de las ayudas por parte de Washington el año pasado fue un gesto imprevisto, dados los estrechos lazos entre Sisi y el presidente de EE.UU. Donald Trump.
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Por aquel entonces, Tillerson manifestó que su gobierno no había sido capaz de verificar que Egipto hubiese cumplido los criterios en materia de derechos humanos determinados por el Congreso.
Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch han descrito la situación que se vive en Egipto en la actualidad como la peor crisis de derechos humanos experimentada por el país en décadas. Han acusado al Estado de emplear de forma sistemática la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas para acallar a los disidentes políticos.
El año pasado, el Gobierno egipcio anunció que emprendería acciones contra Human Rights Watch, después de que la ONG publicara un informe sobre el uso de la tortura. El Comité Egipcio por los Derechos Humanos desmintió estas alegaciones, afirmando que ningún preso político había denunciado nunca casos de tortura.
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