EE.UU. ha anunciado el cierre de la embajada palestina en Washington, un gesto con el que pretende presionar a los líderes palestinos para que abandonen su campaña contra Israel en el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Un alto cargo palestino afirmó que había sido informado de la decisión por parte de EE.UU., añadiendo que el fin de ésta es “proteger los crímenes israelíes”.
“Reiteramos que los derechos del pueblo palestino no están a la venta, y que no sucumbiremos a las amenazas y a la intimidación de EE.UU.,” advirtió el diplomático palestino Saeb Erekat. “Por consiguiente, seguimos instando al Tribunal Penal Internacional a que comience a investigar de inmediato los crímenes israelíes,” agregó.
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Las declaraciones de Erekat se vieron confirmadas ayer por la tarde, cuando el asesor estadounidense de seguridad nacional John Bolton anunció el cierre de la representación palestina. Además, amenazó con imponer sanciones contra el TPI si éste investigaba a EE.UU. y a Israel.
La decisión ha sido denunciada como una “peligrosa escalada” por parte de la facción palestina. Según ésta, se trata de “otra afirmación más de la política de la administración de Trump consistente en castigar de forma colectiva al pueblo palestino, incluida la reducción del apoyo financiero a servicios de carácter humanitario como la sanidad o la educación”.
El mes pasado EE.UU. recortó las ayudas a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Tras el recorte de 350 millones de dólares al año –más de un cuarto del presupuesto anual de la agencia, de hasta ahora 1.200 millones-, UNRWA se ha visto forzada a cerrar muchos de sus hospitales y escuelas, así como otros muchos servicios de importancia vital que proporciona a casi seis millones de refugiados.
Trump admitió que el fin de los recortes es obligar a los palestinos a aceptar el plan de paz estadounidense, que según muchos analistas no protege ni tan siquiera los derechos mínimos de los palestinos tal y como los recoge el derecho internacional.
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