La sentencia emitida esta semana contra uno de los oficiales de inteligencia más poderosos de Sudán no sólo ha conmocionado a las filas del Servicio Nacional de Seguridad e Inteligencia (NISS); sino que también ha abierto la puerta a que más oficiales y funcionarios corruptos sean llevados ante la justicia.
La sentencia de siete años de pena privativa y una multa de siete millones de libras sudanesas (340.000 euros) impuesta a Abdul Ghaffar Al-Sheriff parece ser una clara señal de que el abuso de un cargo público para beneficio personal ya no será tolerado. Sin embargo, para mucha gente, el castigo no ha sido suficiente.
Las versiones sobre el primer arresto de Al-Sheriff son numerosas, pero una fuente cercana a los servicios de inteligencia me afirmó que fue convocado a una reunión con el entonces recién renombrado jefe del NISS, Salah Abdullah, más conocido como “Gosh”, para hablar sobre el trabajo de su departamento y contar algunos chistes. La reunión de quince minutos terminó, pero, nada más salir por la puerta, fue arrestado por agentes que le esperaban por orden de Abdullah. La súplica de Al-Sheriff para una oportunidad para visitar a su familia antes de ser encerrado fue ignorada. Se le mantuvo incomunicado durante gran parte del tiempo previo a la sentencia. Ahora se espera que sea transferido a la presión federal de Sudán de Koba.
Cuando los servicios de inteligencia inspeccionaron la casa de Al-Sheriff, encontraron 120.000 dólares americanos en efectivo y documentación para más de 100 extensiones de propiedades inmuebles y terrenales. Fue acusado de traición, soborno, corrupción, lavado de dinero, apoyo al terrorismo y otros delitos relacionados con la seguridad nacional. Su función era supervisar el sector empresarial de los servicios de seguridad.
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El juicio de Al-Sheriff empezó en julio en el Tribunal de Servicios de Inteligencia y Seguridad (CISS), pero muchos de los cargos fueron retirados porque sólo se podía decidir si había abusado o trabajado fuera de su esfera de autoridad. Además, a diferencia de los tribunales criminales civiles, este tribunal no puede sentenciar a más de 10 años de cárcel. Tan sólo tiene 15 días para apelar contra la sentencia.
A pesar de los cargos desestimados, todo parece reforzar el objetivo declarado del presidente sudanés, Omar Al-Bashir, de acabar con la corrupción de cargos civiles, de quienes dijo que estaban “robando la riqueza de la nación.” En abril, prometió ante el parlamento aplicar la Ley de Riqueza Ilegal para descubrir el sospechoso lavado de dinero y poner fin al contrabando de oro, con el fin de que la economía se recupere. “Hemos revisado el sistema bancario y hemos tomado medidas punitivas contra bancos y empresas involucradas en la corrupción financiera,” explicó. “Seguiremos revisando, inspeccionando y evaluando a bancos privados y públicos, en especial al Banco Central de Sudán, en el que realizaremos reformas estructurales.”
Sin embargo, no hubo mención a las fuerzas de seguridad, y unos pocos creen que el frente de batalla lo ocuparía un servicio que ha jugado un papel clave a la hora de mantener la estabilidad relativa de Sudán y de proteger los 29 años de mandato de Al-Bashir. La detención de Al-Sheriff representa la continuación de una gran purga dentro del NISS para eliminar las prácticas corruptas. Varias fuentes afirman que al menos 130 oficiales están siendo detenidos e investigados por sus antiguos compañeros. La identidad y el paradero de muchos otros no se han desvelado por diversas razones, incluida la “seguridad nacional”.
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Gran parte del crédito de la reforma de los servicios de inteligencia se lo lleva Abdullah, que fue reinstaurado como director del NISS a principios de año. Se tomaron medidas inmediatas para expulsar a los asociados con Al-Sheriff de su cargo, no sólo porque fueran sospechosos de corrupción, sino también porque se temía que no apoyaran el regreso de Gosh. Más de siete altos cargos fueron retirados o expulsados, incluido el director adjunto del NISS, que se consideraba como aliado de Al-Sheriff.
Mientras Sudán lucha por reconstruir su economía, la sospecha de corrupción permanece en las mentes de la opinión pública, que cree que la riqueza de la nación se ha despilfarrado a lo largo de los años. Sea cual sea la verdad, parece que ahora existe la expectativa de que los criminales en los niveles más altos del gobierno sean juzgados y expulsados.
“Por supuesto, a lo largo de los años, la gente ha dicho, con razón o sin ella, que varias personas son corrputas,” me contó un oficial de inteligencia que pidió el anonimato. “Pero, quizás por primera vez, estamos viendo a hombres poderosos compadecer ante la justicia. Estas condenas están destinadas a cambiar el modo de operar del gobierno.”
Sin duda, con tantas investigaciones pendientes, más oficiales de seguridad serán acusados y llevados a prisión. Es una medida que podría restaurar cierta confianza pública en las autoridades sudanesas, aunque también podría alimentar a una mayor sensación de frustración si las condenas no son lo suficientemente severas.
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