En 1994, todavía regocijándose por el aparente éxito de los Acuerdos de Oslo del año anterior, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) se embarcaron en otra serie de acuerdos para tratar de ayudar al polémico proceso de paz. En mayo, ambas partes firmaron el Acuerdo de Gaza-Jericó, recordado en gran parte por el establecimiento de la Autoridad Palestina (AP) como el organismo legítimo gobernante de los asuntos civiles y de seguridad de los palestinos bajo la ocupación israelí. Cinco días antes se firmó un acuerdo de igual importancia, el Protocolo de París, diseñado para regular todas las interacciones económicas entre Israel y los territorios palestinos ocupados.
Presentado como una medida temporal, el estatus final de la integración económica entre los dos Estados iba a ser resuelto junto a un futuro acuerdo de paz en los siguientes cinco años; este acuerdo nunca llegó. Unos 24 años después, la condición del Estado palestino sigue sin ser reconocida, sin puertas independientes a la economía mundial. En cambio, las regulaciones aplicadas como parte del Protocolo de París han provocado el estancamiento económico generalizado en los territorios ocupados.
A día de hoy, con casi uno de cada cinco palestinos desempleados en Cisjordania y con más del 40% de la población de la Franja de Gaza sin trabajo, la dependencia de la ayuda humanitaria se ha convertido en la norma para cientos de miles de palestinos que viven bajo la ocupación. El bloqueo israelí sobre Gaza desde 2007 ha debilitado aún más la economía local, despojando al territorio de necesidades básicas, con cantidades y tipos limitados de bienes con la entrada permitida para sus dos millones de habitantes. Con tal dependencia de la ayuda, el mito de la economía palestina en funcionamiento ha permitido a Israel ejercer su control sobre la vida de millones de personas con impunidad internacional; sus acciones están legitimadas por París.
Tarifas e impuestos
El Protocolo de París, también conocido como el Protocolo sobre Relaciones Económicas, fue aclamado como un logro histórico tras la firma de los Acuerdos de Oslo siete meses antes. El acuerdo estipuló que la economía palestina se fusionaría con la israelí a través de una unión aduanera, con Israel controlando todas las fronteras. Originalmente, la OLP requirió una zona de comercio libre para otorgar a los palestinos una mayor autonomía, pero esto fue denegado, permitiendo a Israel eludir la cuestión de las fronteras y de la presencia ilegal de colonos en los territorios palestinos ocupados.
El protocolo exigía el uso del shekel israelí por las empresas palestinas, ilegalizando la introducción de cualquier otra moneda alternativa y consolidando su dependencia del Estado ocupador. Todos los importes y exportes también son controlados por Tel Aviv, que ha permitido la explotación sustancial de los bienes palestinos, imponiendo altas tarifas a las exportaciones palestinas, mientras que los bienes israelíes fluyen libremente a través de la frontera con Cisjordania. Más del 80% del comercio de Palestina es con Israel, estimado en unos 2,93 millones de dólares al año, mientras que Israel compra bienes valorados en menos de 780 millones de dólares a los palestinos.
Otro aspecto importante del protocolo fue el sistema de impuestos, que autorizó a Israel a recaudar todos los ingresos de los aranceles de importación y el impuesto al valor agregado. También recauda todos los impuestos a los ingresos de los palestinos que trabajan en Israel y en los asentamientos ilegales; en 2015, la cantidad recaudada en nombre de la AP era de unos 160 millones de dólares al mes. Israel ha utilizado esto como medida punitiva contra la AP y la resistencia palestina, suspendiendo la transferencia de la totalidad o parte de estos ingresos en varias ocasiones.
Esto ha retenido a los palestinos hasta que cumplan con los deseos de Israel con, por ejemplo, fondos retenidos tras los esfuerzos de reconciliación entre Hamas y Fatah y el intento de Palestina de convertirse en miembro de la ONU. En 2016, el Banco Mundial condenó a Israel por no entregar financiación a la AP, con un valor de unos 285 millones de dólares al año. Esta cantidad es vital para que la AP pueda proporcionar servicios públicos.
A principios de año, el ministro de Defensa israelí propuso una ley que permitiría al Estado deducir dinero de impuestos a la AP en protesta por los pagos entregados a familias de prisioneros palestinos y de los asesinatos por las fuerzas de la ocupación. La AP criticó esta medida como una “declaración de guerra.”
Ayuda para Israel
Atrapados en un círculo de negociaciones de paz infinitas, los territorios palestinos ocupados han acabado siendo dependientes de la ayuda internacional en los últimos 25 años. Gran parte del apoyo llega desde la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que administra servicios educativos, sanitarios, sociales y de socorro en nombre de la comunidad internacional, aunque depende casi totalmente de donaciones voluntarias de Estados miembros de la ONU. Las ONGS internacionales y locales también mantienen una presencia activa en el terreno, proporcionando ayuda humanitaria de emergencia y proyectos de desarrollo a largo plazo.
En consecuencia, la ayuda en los territorios palestinos ha llegado a funcionar como una institución cuasigubernamental, responsable de la provisión de servicios esenciales y de rellenar las lagunas en los servicios públicos, cuya capacidad de crecimiento orgánico es sofocada por la ocupación. También está muy politizada; a menudo, la ayuda humanitaria para los palestinos se equipara – sin prueba alguna – al “apoyo al terrorismo”.
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Las investigaciones indican que gran parte de los fondos destinados a Palestina en realidad ayudan a Israel. Un estudio de 2015 del economista Shir Hever para la ONG australiana Aid Watch reveló que al menos el 72% de la ayuda internacional se subvierte y se usa para comprar bienes y servicios a empresas israelíes.
El Estado goza de un superávit comercial con los territorios ocupados, vendiendo a los palestinos muchísimos más bienes de los que compra, haciéndolos depender de la producción israelí. Los economistas israelíes también han identificado esfuerzos consistentes por parte del gobierno para impedir el desarrollo industrial palestino en sectores en los que podría competir con Israel, mediante restricciones a las empresas palestinas, elevados impuestos y limitaciones a la libertad de movimiento de bienes y personas. Con pocas opciones disponibles en Palestina, las agencias de socorro se ven obligadas a comprar los bienes que necesitan a la potencia ocupante, estimulando así la economía de Israel.
Esclavitud económica
Nublados por el proceso de paz sin resolver, los analistas a menudo ignoran el estado de la economía palestina en favor de las últimas negociaciones políticas. Hay quien ha intentado argumentar que la situación económica en Palestina ha mejorado desde el Protocolo de París, ya que los ingresos per cápita han aumentado consistentemente, a excepción de durante la Segunda Intifada.
Sin embargo, esto queda descartado si nos fijamos más de cerca en los datos. El crecimiento económico en palestino lleva estancado dos décadas, con un promedio de menos del 3% desde 2001. Los brotes de crecimiento y el rápido declive subsecuente han provocado una incertidumbre inherente, un patrón cíclico que puede trazarse junto a la agresión israelí contra los palestinos, atrayendo así pocas inversiones extranjeras en el sector privado de Palestina.
Un informe del 2016 revela que, a lo largo de los últimos 20 años, la economía palestina ha retrocedido; las cuotas del sector manufacturero ha caído desde el 18% de la producción económica en 1995 al 12%, y el sector agrícola en los territorios ocupados se ha reducido a la mitad.
En los territorios palestinos, la tasa de paro es alta, particularmente entre los jóvenes, que conforman el 30% de la población. En 2017, tan sólo cuatro de cada diez personas entre los 15 y los 29 años eran activas en el mercado laboral, reflejando el pesimismo actual respecto a los futuros laborales. Se estima que uno de cada cinco palestinos vive bajo la línea oficial de la pobreza de menos de 5,5 dólares estadounidenses al día. En Gaza, el nivel de vida ha caído constantemente desde 2014, y los expertos advirtieron sobre el rápido subdesarrollo de la Franja después de que una oscura predicción de la ONU sobre el 2020 la calificara de “invivible” en el plazo de tres años.
En 2017, un informe del Banco Mundial argumentó que, si se implementaran las políticas correctas, el crecimiento palestino podría subir hasta un 7% anual. Estipuló la necesidad crucial de desmantelar las restricciones en Cisjordania y de levantar el asedio a Gaza. Sin embargo, más allá de estos cambios de política, es necesario reconocer rápidamente que la ecuación establecida por el Protocolo de París fue una forma de esclavitud financiera para el pueblo palestino y que contribuyó a la ocupación actual.
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