Human Rights Watch (HRW) ha asegurado en un nuevo informe que la Autoridad Palestina (AP) y Hamás, detienen y torturan de forma sistemática a opositores y críticos, creando lo que ha sido descrito como “estados policiales paralelos”.
El informe de 149 páginas, titulado “Dos autoridades, un método, cero disidencia: Detenciones y torturas arbitrarias bajo la Autoridad Palestina y Hamás”, fue publicado ayer. Denuncia entre otras cosas que:
“Las fuerzas palestinas con frecuencia amenazaron y golpearon a detenidos, obligándoles a permanecer durante periodos prolongados en posiciones dolorosas, utilizando entre otros métodos cables o cuerdas para colgarlos con los brazos atados tras la espalada (…) Las fuerzas de seguridad amenazaron de forma sistemática a los detenidos para que estos les dieran acceso a sus teléfonos móviles y cuentas en redes sociales. Estas medidas parecen tener como objetivo el castigo de los disidentes, para disuadirles de continuar con su activismo”.
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HRW hace hincapié en que “la tortura sistemática practicada por las autoridades palestinas podría constituir un crimen contra la humanidad, que podría ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional”. El informe insta “a las autoridades palestinas a cumplir los tratados internacionales de derechos humanos a los que han accedido durante los últimos cinco años”, a la par que llama al Tribunal Penal Internacional a abrir una investigación formal sobre la conducta de la AP y de Hamás.
El informe se basa en entrevistas con 147 testigos, que incluyen a antiguos detenidos y a sus familiares, a abogados y a representantes de organizaciones no gubernamentales. Para elaborarlo, los investigadores de HRW analizaron también pruebas fotográficas, informes médicos y documentos legales.
En relación a Cisjordania, HRW escribe que “en los últimos años, los Servicios de Inteligencia, Seguridad Preventiva y el Comité Conjunto de Seguridad han sido las agencias de la AP más implicadas en la detención de los sospechosos (…) de haber criticado a la AP (…) y de otras formas de disidencia pacífica”. Añade que entre enero de 2017 y agosto de 2018, las fuerzas de seguridad de la AP mantuvieron a 221 palestinos en detención administrativa sin que se presentasen cargos o se les llevara a juicio durante diversos periodos de tiempo, según datos de la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
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HRW cita el caso de Mamdouh Hamamra, un periodista de 34 años que trabaja para la Red de Noticias Quds. Hamamra fue detenido en agosto de 2017 y acusado de acuerdo con la controvertida Ley de Crímenes Electrónicos, con la que la AP persigue a aquellos que la critican en las redes sociales. Hamamra comenzó una huelga de hambre y fue sometido a interrogatorios diarios, en los que los agentes de los servicios de inteligencia “le abofetearon, lanzaron su cuerpo contra el muro y le levantaron del cuello, amenazando con golpearle con una manguera de plástico”. Los agentes también le hicieron adoptar “posturas dolorosas y le sometieron a shabeh”, un tipo de tortura en el que el prisionero es encadenado a una pequeña silla, con la cabeza cubierta con una bolsa, y se le impide dormir.
En Gaza, entretanto, dos antiguos empleados de la AP seguidores del líder exiliado Mohammed Dahlan, Abdel Basset Amoom y Ramy Al-Jarba, fueron detenidos en abril de 2016 en el campo de refugiados Al-Bureij. Ambos fueron llevados a las oficinas de la Seguridad Interna en Gaza ciudad. Al-Jarba fue sometido “a un breve examen médico; a continuación le ordenaron dar vueltas hasta que se mareó, y después de eso le golpearon en la cabeza y en la cara, dándole patadas en las piernas”.
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El subdirector de programas de HRW, Tom Porteous, resumió el informe de la siguiente manera: “25 años después de Oslo, las autoridades palestinas han logrado alcanzar sólo un poder limitado en Cisjordania y en Gaza; a pesar de ello, allí donde tienen autonomía, han desarrollado estados policiales paralelos”.
HRW añade que se entrevistó con los Servicios de Inteligencia de la AP en Ramala, pero que fue “incapaz de aceptar la oferta de las autoridades de Hamás para encontrarse en Gaza ya que Israel denegó a su personal los permisos para entrar en la Franja”. Todas las agencias de seguridad vinculadas a la AP y a Hamás rechazaron las alegaciones del informe, asegurando que no se trata sino de “casos aislados que son investigados por las autoridades cuando tienen conocimiento de ello, en los que los perpetradores son castigados”.
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