El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, ha prometido esta semana que seguirá garantizando la prestación de las ayudas a las familias de los palestinos que languidecen en las cárceles israelíes.
En un discurso ofrecido para conmemorar el 14º aniversario de la muerte del ex presidente Yasser Arafat, Abbas aseguró que los palestinos son capaces de enfrentar "todos los planes y conspiraciones liquidacionistas que se están intentando plantear contra su causa nacional". Y destacó que pese a los intentos internacionales para acabar con esta política la Autoridad Palestina pagará estas subvenciones "incluso si ese capital fuera el último que poseyéramos", ha informado el Jerusalem Post.
La Autoridad Nacional Palestina está enfrentando una fuerte presión internacional para que detenga estos pagos, que ascienden a 3.500 dólares al mes, a las familias de los presos o a las familias de los palestinos asesinados por Israel. En julio, Australia detuvo toda ayuda directa a la Autoridad Palestina como forma de criticar esta política que calificó de "pagar por martirios". Pese a que Australia ha proporcionado anualmente durante los últimos años diez millones de dólares australianos (7,4 millones de dólares) al Fondo Fiduciario para el Desarrollo y la Reconstrucción de Palestina del Banco Mundial como forma de sostener la agenda política nacional de la Autoridad Palestina, en julio redirigió sus fondos al Fondo Humanitario de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos con el fin de puentear a la ANP.
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Los Estados Unidos también congelaron su asistencia financiera a la Autoridad Nacional Palestina en un intento por conseguir que esta dejara de pagar estos estipendios. Estados Unidos ha exigido que la ANP abola las leyes que garantizan estos salarios, tome medidas "creíbles" para combatir el "terror" y condene el "terrorismo y violencia palestinos" como paso previo a una reanudación de la prestación de asistencia. Luego se conoció que a pesar de esta congelación de la provisión de fondos en agosto se reveló que EE. UU. había continuado proporcionando alguna asistencia financiera a la Autoridad Palestina, pero solo para la materia de la coordinación de la seguridad con Israel.
También en junio, el Parlamento Israelí, la conocida como “Knesset”, aprobó un proyecto de ley para deducir los ingresos fiscales de la Autoridad Palestina en una cantidad igual a la pagada en estos estipendios. Según el proyecto de ley, la Autoridad Nacional Palestina transfiere el 7% de su presupuesto, estimado en 1.100 millones de shekels (300 millones de dólares), para pagar los subsidios y, por lo tanto, se deduciría esta cantidad de los ingresos fiscales.
La población palestina recluida en las cárceles israelíes sufre unas condiciones muy duras. En septiembre se ha sabido que al menos 17 prisioneros palestinos enfermos podrían estar enfrentándose a una muerte lenta debido a negligencias médicas en el hospital de la prisión de Ramla, al sur de Tel Aviv: según ha denunciado el grupo de defensa de los derechos humanos “Comisión de Presos y Ex-Presos Palestinos” estos pacientes palestinos sufren de lo que califican como "negligencias médicas deliberadas" entre las que se incluyen la falta de servicios médicos y de salud, pruebas de diagnóstico y tratamientos.
Israel ha intentado también transferir la carga financiera de su sistema penitenciario a la Autoridad Nacional Palestina en octubre mediante el debate de un proyecto de ley que obligaría a la ANP a pagar los gastos de tratamiento de la población reclusa palestina en las cárceles israelíes. Si se aprobara, la ley haría que el gobierno israelí, si la ANP se niega a pagar esta factura, pudiera deducir el costo de la atención médica de los impuestos que ingresa la Autoridad Palestina y que son cobrados por las aduanas israelíes según los términos de los fallidos Acuerdos de Oslo, continuamente infringidos por Israel.
De acuerdo a denuncias de la organización israelí de derechos humanos B’Tselem a fines de agosto de 2018 “existían 5.493 detenidos y “presos preventivos” palestinos recluidos en las instalaciones del Servicio Penitenciario de Israel (IPS)". De estos presos 239 son menores de 18 años. Muchos de ellos están en situación de “detención administrativa”, extraño recurso “legal” israelí por el que se arroga el poder mantener a personas palestinas recluidas de forma indefinida sin presentar cargos ni concederlas acceso a los procedimientos judiciales.
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