Las autoridades turcas dejaron en libertad este fin de semana a ocho de los trece activistas arrestados el viernes, en lo que constituye tan sólo la más reciente de las cada vez más frecuentes oleadas de detenciones de intelectuales y disidentes.
Los trece, entre los que se cuentan dos destacados académicos, fueron arrestados por su supuesta relación con Osman Kavala, un activista por los derechos humanos que se encuentra encarcelado desde hace un año a la espera de juicio. A Kavala se le acusa de haber orquestado las masivas protestas juveniles de 2013 contra la destrucción del parque Gezi con el fin de derrocar al gobierno, una conspiración que presuntamente habría culminado con el fallido golpe de estado de 2016.
De acuerdo con la policía turca, los trece detenidos son sospechosos de haber colaborado con Kavala a la hora de incitar las manifestaciones que tuvieron lugar en 2013, cuando la oposición a la destrucción de un popular parque de Estambul acabó desencadenando protestas antigubernamentales en todo el país.
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Según los abogados de los detenidos, seis fueron liberados el viernes por la noche tras haber sido interrogados por la policía, y otros dos el sábado. Sin embargo, a todos ellos les ha sido retirado el pasaporte para que no puedan huir del país. Otros tres activistas todavía están prestando declaración, mientras que otros dos han sido puestos a disposición del juez.
Entre los liberados se encuentran Turgut Tarhanli, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bilgi de Estambul y Betul Tanbay, de la Universidad Bogazici, elegida este año vicepresidenta de la Sociedad Europea de Matématicas. El resto son empleados de la asociación de Kavala, Anadolu Kultur.
Varias organizaciones de derechos humanos, así como miembros del Parlamento Europeo, han pedido al Turquía la liberación de Kavala, contra el que de momento no se han presentado cargos. La UE y EE.UU. también han llamado a la liberación de los trece detenidos del viernes.
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Desde el fallido intento de golpe de estado de 2016, Turquía ha encarcelado a 77.000 personas a la espera de juicio. 150.000 funcionarios y militares han sido despedidos y docenas de medios de comunicación han sido clausurados por orden judicial.
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