Alrededor de 20 mujeres sirias refugiadas han sufrido abortos espontáneos en la ciudad libanesa de Arsal. Según ha informado la agencia de noticias siria Zaman Al-Wasl, el personal médico sospecha que la causa podría ser la contaminación del agua de los campos de refugiados.
El personal sanitario de la organización humanitaria libanesa Al-Irshad Wal Islah ha explicado que en los últimos tiempos varias mujeres habían sufrido abortos sin razón aparente, a pesar de no presentar factores de riesgo que pudieran amenazar sus embarazos.
El informe señala que durante una sóla semana del mes de noviembre, seis mujeres perdieron a sus bebés. Algunas de estas mujeres se encontraban en el segundo mes de embarazo, mientras otras estaban casi a punto de dar a luz.
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Las sospechas apuntan al suministro de agua potable de este campo de refugiados cercano a la frontera con Siria, en el que residen decenas de miles de personas que han huido de la guerra y la represión. Las infraestructuras del campamento sufrieron daños el mes pasado cuando las fuertes lluvias que cayeron en la región inundaron completamente el terreno y destruyeron tiendas de campaña, colchones y otros enseres y pertenencias de la población allí refugiada.
"Cuando comenzaron a darse estos abortos involuntarios, al principio pensamos que se debían a causas naturales," explicó un representante de los servicios médicos. "Pero los casos aumentaron con rapidez, llegando incluso a coincidir, y ello nos hizo preguntarnos por las causas de esta situación, y por el recién instalado nuevo sistema de suministro de agua".
El mes pasado, la Media Luna Roja de Qatar anunció que financiaría un proyecto con un costo de unos 175.000 dólares, a desarrollar junto a personal local del Líbano, con el objetivo de proporcionar a la población refugiada de Arsal agua limpia y potable. En todo caso, la población refugiada exige ahora que se investigue esta situación y que se analicen muestras del agua que se ha enviado a la ciudad vecina de Zahle para proteger a la población de esta ciudad de sufrir la misma situación.
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La población siria refugiada y desplazada dentro y fuera del país se enfrenta a un empeoramiento de las condiciones humanitarias a medida que se acerca el invierno. Mucha gente carece de los alimentos y suministros médicos básicos. Las autoridades de los vecinos Líbano y Jordania han sido también acusadas de negligencias deliberadas en la administración de los campamentos de refugiados. Con ello, tratarían obligar a la población siria a regresar a sus hogares, que de nuevo están bajo control del régimen sirio.
Se estima que unas 55.000 personas han regresado a sus hogares desde el Líbano, una cifra que las autoridades de las fuerzas de seguridad del Líbano calculan en cerca de 90.000. Sin embargo, muchas de estas personas mantienen temores respecto a lo que les puede esperar a su regreso. En el caso del campo de refugiados de Arsal, el 92% de las personas encuestadas por la organización por Zaman Al-Wasl han asegurado que no van a regresar a las ciudades, por mucho que ahora se consideren seguras, situadas al oeste de Qalamoun.
A primeros de este mes, el ministro de Asuntos de Población Refugiada del Líbano, Mouin Merehbi, denunció que al menos 20 refugiados que habían regresado a Siria desde el Líbano habían sido asesinados por el régimen sirio y sus fuerzas aliadas. Además ha criticado lo que ha definido como “falta de coordinación entre su ministerio y el aparato de seguridad libanés”, responsable del establecimiento de centros para registrar los datos de la población refugiada que pretende regresar a Siria.
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Si bien en algunos casos población siria ha dejado el Líbano por su propia voluntad, en otros casos han sido los programas del gobierno libanés los que han presionado para que esta población regresara a las zonas de Siria que se consideran seguras.
Merehbi ha recalcado que "si el régimen sirio realmente quiere que la población siria regrese a su casa, quizá debería dejar de asesinarla cuando lo hace".
Según el Derecho Internacional, aquella población que se considere refugiada no puede ser deportada a ningún país donde corra peligro de sufrir abusos e injusticias, y todos los casos de retorno se deben producir de forma voluntaria y bajo condiciones de seguridad y respeto a la dignidad de esas personas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) y los gobiernos occidentales no cesan de advertir de que aún es demasiado pronto para debatir un retorno a gran escala de la población refugiada a Siria en tanto que la situación de inseguridad podría provocar una segunda ola de desplazamientos.
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