Nuevas revelaciones publicadas por Amnistía Internacional han puesto al descubierto las violaciones por parte del gobierno egipcio de los derechos de miles de menores egipcios. Entre estas violaciones de los derechos humanos de la infancia egipcia se cuentan casos de desapariciones forzosas y de tortura de menores.
En un informe publicado con motivo del Día Mundial del Niño, celebrado ayer, esta organización humanitaria ha recogido pruebas que documentan que desde 2015 al menos seis niños han sido torturados cuando se encontraban detenidos y al menos otros 12 han desaparecido.
Según ha denunciado Najia Bounaim, Directora de Campañas de Amnistía Internacional para África del Norte, "estas revelaciones ponen de manifiesto cómo las autoridades egipcias han sometido a los niños a violaciones terribles de sus derechos. Entre las violaciones se cuentan casos de tortura, de aislamiento prolongado y de desaparición forzosa por periodos de hasta siete meses. Estos casos reflejan una vergonzosa y absoluta indiferencia ante los derechos de los menores".
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Añade: "Es particularmente indignante que Egipto esté violando los derechos de los menores de forma tan flagrante pese a ser firmante de la Convención de la ONU sobre los Derechos de la Infancia".
Seis familias entrevistadas por Amnistía Internacional y el Frente Egipcio para los Derechos Humanos han contado cómo sus hijos fueron duramente golpeados mientras estaban detenidos por las autoridades, o que fueron suspendidos por sus extremidades y recibieron descargas eléctricas en sus genitales y otras partes de su cuerpo. En algunos casos se obligó a los niños a confesar la comisión de delitos que no habían cometido.
Uno de esos niños es Abdallah Boumidan. Cuando fue arrestado en diciembre de 2017 por el ejército egipcio en la ciudad de Arish, en el norte de Sinaí, tenía 12 años. Sin que su familia recibiera información alguna sobre su paradero, fue torturado y sometido a una incomunicación total durante siete meses. Al cabo de ese tiempo, se le acusó de "pertenencia a un grupo terrorista" y fue trasladado a una celda de confinamiento en solitario, donde su estado de salud se deterioró gravemente.
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Otros menores han sido también sometidos a juicios injustos, algunos ante tribunales militares. O han sido interrogados sin la presencia de abogados o tutores, o los tribunales han utilizado información obtenida mediante malos tratos o torturas. Al menos tres niños han sido sentenciados a muerte en tres juicios diferentes: dos de las sentencias fueron anuladas y la otra está pendiente de revisión.
Ante estas violaciones de los derechos de la infancia, Amnistía Internacional ha llamado a las autoridades egipcias a liberar a todos estos menores detenidos arbitrariamente.
Bounaim ha añadido: "Las autoridades también deben anular las sentencias emitidas contra menores en tribunales de adultos o tras juicios injustos y repetir estos juicios en los Tribunales de Menores". Y "cualquier denuncia de tortura o desaparición forzada debe investigarse y aquellos responsables de estos actos deben comparecer ante la justicia".
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Amnistía ha también calificado con anterioridad la situación en Egipto como “la peor crisis de los Derechos Humanos en este país en décadas, con el estado recurriendo de forma sistemática a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas con el objetivo de silenciar cualquier crítica al gobierno”.
El gobierno egipcio ha justificado su represión contra la oposición en la necesidad de “proteger la seguridad nacional”. Y el año pasado, se comprometió a adoptar medidas contra Human Rights Watch después de que esta organización humanitaria publicara un informe condenando la tortura ejecutada por el estado. Al respecto, el gubernamental “comité egipcio de derechos humanos” negó las acusaciones y alegó que ningún preso político había denunciado casos de maltrato.
Dos semanas después, el presidente Abdel Fattah Al-Sisi dijo a funcionarios de Estados Unidos en Nueva York que los derechos humanos no deben ser juzgados desde una “perspectiva occidental”. Y dijo también que Egipto ha adoptado numerosas medidas para asegurar el bienestar económico y social de sus ciudadanos.
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