La sección israelí de Amnistía Internacional ha exigido al Ministerio de Defensa de su país que anule la licencia de la empresa de spyware NSO, tras la revelación de sus vínculos con Arabia Saudí.
Amnistía realizó este llamamiento al Ministerio hace dos semanas, tras revelarse que esta compañía había ofrecido a Arabia Saudí la adquisición de un sistema de piratería telefónica. Sin embargo la demanda de la organización de defensa de los Derechos Humanos no fue revelada hasta ayer, momento en que fue publicada por el diario israelí Haaretz. Éste ya había informado previamente de los vínculos de la empresa NSO con el régimen del Golfo.
Amnistía ha afirmado que la compañía NSO "está fuera de control", agregando que en tanto que se ha demostrado que el software de NSO se ha utilizado en "la comisión de una serie de violaciones graves de los derechos humanos" la licencia de exportación de la empresa debe ser anulada.
Según Hareetz, fuentes del departamento del Ministerio de Defensa que supervisa las exportaciones han dicho que "ese departamento es estricto en la concesión de licencias de acuerdo a la ley y que no se podía tratar la la existencia de la licencia de la empresa NSO por razones de seguridad". A lo que Amnistía ha respondido que rechaza esta afirmación y que tiene la intención de presentar una denuncia en los tribunales.
A principios de esta semana fue revelado que dos representantes de la NSO se reunieron en múltiples ocasiones en 2017 con funcionarios saudíes para ofrecerles el software Pegasus. Este software espía puede utilizarse para infectar de forma remota el teléfono móvil de una persona y que dicho teléfono transmita luego los datos de este móvil a quienes intentan realizar estas tareas de espionaje.
Se cree que estos dos funcionarios eran Abdullah Al-Malihi, cercano al príncipe Turki Al-Faisal y ex jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí, y Nasser Al-Qahtani, que se presentó a sí mismo como “delegado del actual jefe de la inteligencia saudí”.
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Se cree que NSO ha vendido ya tecnología a Arabia Saudí por un valor de 55 millones de dólares. Pero lo que se considera particularmente llamativo de este acuerdo son las fechas en las que se firma: en el verano de 2017, sólo unos meses antes de que el príncipe heredero de la corona saudí, Mohammed Bin Salman, comenzara su purga de opositores al régimen y supuestamente secuestrara al primer ministro libanés Saad Al-Hariri.
La empresa NSO ha aparecido recurrentemente en los titulares informativos en las últimas semanas a medida que se revelaba el alcance de sus relaciones con regímenes cuestionables. A principios de este mes, el filtrador de datos de la estadounidense NSA (National Security Agency, encargada del espionaje cicernético) Edward Snowden reveló que el software Pegasus de la NSO había sido utilizado por Arabia Saudí para rastrear, localizar y preparar el ataque del periodista saudí Jamal Khashoggi en el período anterior a su asesinato.
En una comparecencia on-line en una conferencia en Tel Aviv, Snowden explicó: "¿Cómo sabían [Arabia Saudí] cuáles eran sus planes [de Khashoggi] y que tenían que actuar contra él? Esas informaciones provinieron de la tecnología desarrollada por la NSO"."Tal nivel de irresponsabilidad [...] ya está empezando a costar vidas", agregó Snowden.
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En octubre se reveló además que Arabia Saudí había utilizado el software Pegasus para espiar también al disidente saudí de 27 años Omar Abdulaziz, un destacado crítico del gobierno saudí en las redes sociales, después de que hubiera criticado el tratamiento por parte de Arabia Saudí de su crisis diplomática con Canadá.
Incluso Amnistía Internacional misma ha sido víctima de un ataque del software Pegasus el pasado junio. Según ha explicado la organización de defensa de los derechos humanos "un pirata informático intentó entrar a principios de junio en el smartphone de un miembro no identificado del personal de la organización a través de un troyano oculto incluido en un mensaje de WhatsApp sobre una protesta frente a la embajada saudí en Washington". Amnistía denuncia que "se ha rastreado el malware incluido en el mensaje hasta una red de servidores vinculados al grupo empresarial NSO”.
Dicha información ha sido confirmada en un informe elaborado por la organización de investigación y defensa de los derechos civiles Citizen Lab, con sede en Canadá.
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