Amnistía Internacional acusó el martes a las autoridades iraníes de “cometer crímenes contra la humanidad al ocultar el destino de los miles de disidentes políticos asesinados,” de los que se cree que fueron masacrados en las cárceles iraníes en 1988.
El informe de la organización humanitaria se titula “Secretos empapados de sangre: por qué las masacres carcelarias de Irán en 1988 siguen constituyendo crímenes contra la humanidad”. En él se describen las desapariciones forzosas masivas y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad iraníes y que han quedado impunes por tres décadas.
“Estos secretos empapados en sangre del pasado de Irán continúan persiguiendo al país en el presente,” aseveró el director de investigación de Amnistía para Oriente Medio y el Norte de África, Philip Luther. El informe, añadió “desentraña la red de negaciones y distorsiones que las autoridades iraníes han perpetuado durante los últimos 30 años, tanto en casa como a nivel internacional, para ocultar la verdad de que desaparecieron y mataron de forma sistemática a miles de disidentes políticos en cuestión de semanas, de finales de julio a principios de septiembre de 1988”.
Desde el momento en que se cometieron estos crímenes, apuntó Luther, “las autoridades iraníes se niegan a reconocer las matanzas y a informar a los familiares de cuándo, cómo y por qué fueron asesinados sus seres queridos, y a devolverles sus cuerpos”.
El investigador señaló que a los familiares de las víctimas se les ha negado el derecho a “dar sepultura a sus seres queridos y a llorar su pérdida”. “Aquellos que se han atrevido a buscar la verdad y la justicia se han enfrentado a un acoso continuo, a la intimidación, las detenciones arbitrarias, así como a la tortura y otros tipos de maltrato,” denunció Luther.
El informe recalca que las personas responsables de estos crímenes no se han enfrentado a la justicia, haciendo hincapié en que algunos de ellos “han ocupado o siguen ocupando cargos importantes en Irán hoy en día”.
Amnistía explica que a finales de julio de 1988 las autoridades iraníes cerraron a cal y canto las prisiones de todo el país, suspendiendo el régimen de visitas sin ofrecer explicaciones. Semanas más tarde, “por lo menos 5.000 disidentes políticos fueron ejecutados de forma extrajudicial, en una campaña coordinada para eliminar a la oposición política”.
La mayoría de las víctimas pertenecían a los Muyahidines del Pueblo de Irán, a organizaciones de izquierdas y a grupos opositores kurdos, de acuerdo con Amnistía.
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