La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (ICC por sus siglas en inglés, CPI por sus siglas en castellano) ha informado de que las investigaciones preliminares que está realizando sobre la comisión de supuestos crímenes de guerra en Palestina "ha avanzado y progresado de forma significativa". En este estudio preliminar se ha puesto el foco particularmente en los asentamientos israelíes y las demoliciones de hogares palestinos.
Según el memorándum anual de la ICC, la oficina "ha centrado su análisis en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014". O dicho de otra forma: "las autoridades israelíes han participado presuntamente en el asentamiento de población civil en el territorio de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y en la expulsión forzosa de población palestina de sus hogares”.
La oficina hace notar que “las actividades relacionadas con los asentamientos han incluido la confiscación y apropiación de tierras; la planificación y autorización de ampliaciones de asentamientos, y la construcción de nuevas unidades residenciales e infraestructuras relacionadas en los asentamientos”.
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El informe también hace mención a "la regularización de construcciones llevadas a cabo sin la autorización requerida de las autoridades israelíes (en referencia a los llamados “puestos avanzados”), y a la concesión de subsidios públicos, incentivos y otros fondos asignados de forma específica por parte de las autoridades locales a los colonos y dirigentes de los asentamientos para alentar la migración a dichos asentamientos e impulsar su desarrollo económico".
La oficina del fiscal afirma también que, mientras tanto, "las autoridades israelíes parecen también haber estado involucradas en la demolición de propiedades palestinas y en el desalojo de población palestina de sus hogares en Cisjordania y Jerusalén Este".
El memorándum continúa explicando que "además, según se ha informado, las autoridades israelíes han seguido avanzando en sus planes para reubicar a la población beduina y otras comunidades de pastores y nómadas presentes en el área denominada E1 y sus alrededores, habiendo llegado incluso a incautarse de propiedades residenciales y de infraestructuras relacionadas o a demolerlas".
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Para concluir, el informe señala que "durante el año 2018, la Oficina ha avanzado y progresado de forma significativa en sus investigaciones", para añadir que "dado el minucioso análisis que la Oficina ha dedicado a esta situación desde 2015, el fiscal tiene la intención de completar las investigaciones preliminares lo antes posible.”
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