Hoy hace dos semanas, una familia siria se reunía en una mezquita en el suburbio de Willowbrook, Illinois. Con el apoyo de sus amigos y los miembros de su comunidad, lloraban la pérdida de su hija, Layla Shweikani, dos años después de su muerte. Días antes, el gobierno sirio confirmaba que Layla, una ciudadana sirio-americana, había muerto el 18 de diciembre de 2016 en la infame prisión “matadero” de Saydnaya, 10 meses después de ser detenida por la inteligencia militar.
La joven de 26 años había viajado al barrio damasceno de Ghouta Oriental como agente humanitaria en 2015, con el objetivo de ayudar a los ciudadanos desplazados internamente que sufrían el asedio gubernamental. Como ciudadana estadounidense acompañada de su padre y su prometido, pensaba que se libraría de ser atacada por el régimen sirio, pero, tras su detención, Washington hizo más bien poco por conseguir su liberación. Su caso fue brevemente atendido por el Departamento de Estado de los EEUU a través del embajador checo, que se reunió con Layla en la cárcel de Adra, una instalación conocida por sus métodos de tortura contra las mujeres presas.
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Layla estaba siendo presionada para que confesara haber planeado el asesinato de varios miembros del gobierno sirio; los agentes la amenazaron con que, de lo contrario, su familia sufriría las consecuencias. El 16 de diciembre, en un juicio que, al parecer, duró 30 segundos, fue sentenciada a muerte por supuestamente apoyar al terrorismo; los grupos de defensa de los derechos humanos afirman que dos días después fue torturada hasta la muerte.
Durante casi dos años, el nombre de Layla estuvo entre los otros 90.000 de personas en paradero desconocido tras ser detenidas por el gobierno del presidente sirio, Bashar Al-Assad. En mayo de este año, supuestamente tras la insistencia de Rusia, aliado de Damasco, el gobierno empezó a publicar los nombres de quienes habían muerto bajo custodia. Los certificados de la muerte casi siempre recogen la causa del fallecimiento como infartos o derrames cerebrales; sin embargo, docenas de ellas llevan la misma fecha, lo que sugiere ejecuciones en masa. Los cuerpos de los fallecidos no han sido entregados, lo que impide una evaluación independiente de la causa de la muerte y causando más dolor a los seres queridos.
A pesar de la horrible naturaleza del encarcelamiento y la ejecución de Layla, y teniendo en cuenta su estatus como ciudadana de los Estados Unidos, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han publicado un comunicado público sobre las circunstancias de su muerte.
Fueron los medios los que informaron de la noticia de su fallecimiento, así como las estadísticas publicadas la semana pasada por la Red Siria para los Derechos Humanos, que reveló que el régimen de Al-Assad es responsable del asesinato de 21.573 mujeres y niños desde 2011 - 25 veces más que el Daesh.
Amnistía Internacional estima que cerca de 18.000 prisioneros han muerto bajo custodia por torturas en las cárceles de Siria, la mayoría en las instalaciones de Saydnaya. En un informe de 2016, la Comisión de la ONU descubrió que la escala de las muertes en las cárceles indicaba que el gobierno sirio era responsable de una “exterminación como crimen contra la humanidad”. Más de 9.000 mujeres siguen cautivas en cárceles de Siria, 8.057 de ellas en calabozos del régimen, y otras decenas de miles están consideradas desaparecidas por el gobierno; su paradero es desconocido.
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A lo largo del conflicto sirio, el destino de las mujeres atrapadas en la lucha apenas se ha abordado. Mientras que activistas como Nadia Murad han atraído la atención a la situación de las mujeres yazidi capturadas y vendidas como esclavas sexuales por el Daesh, por lo que hace poco recibió el Premio Nobel de la Paz, su discurso se ha centrado en mujeres retenidas por el llamado Estado Islámico y no el régimen.
Esta cobertura parcial de los crímenes contras las mujeres en la región es en gran parte la responsable de los mitos persistentes acerca del conflicto sirio - una encuesta de 2017 realizada por la agencia de investigación Survation reveló que más británicos consideran al Daesh como el responsable de la mayoría de las muertes en Siria, a pesar de que el número de víctimas del régimen es mucho mayor que el de los ejecutados por militantes.
En comparación, se ha producido muy poca indignación internacional sobre los destinos de quienes han sido detenidos arbitrariamente por el régimen sirio, personas que también se enfrentan a una implacable tortura y a la muerte. Las violaciones, en particular, se han usado consistentemente como un arma de la guerra en prisión; las antiguas presas relatan cómo fueron asaltadas repetidamente por guardias que vestían camisetas con la cara del presidente Al-Assad. Veían como sus compañeras de celda eran “violadas en grupo hasta la muerte,” mientras que otras perdían la cordura tras meses de abusos físicos y psicológicos.
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La familia de Layla se ha negado a hablar con los medios. Ya sea por el dolor que sufre en estos momentos o por miedo a las represalias del gobierno contra otros miembros y amigos de la familia, su decisión no es inusual para los sirios de la diáspora afectados por la guerra. Sin embargo, la pregunta sigue siendo por qué la condena de la comunidad internacional depende de que las víctimas de tales crímenes supliquen apoyo en contra de estas atrocidades.
El silencio de Washington respecto al asesinato de una ciudadana estadounidense es, irónicamente, ensordecedor. Mientras que el presidente Donald Trump sancionó sin problema alguno a los ministros y productos turcos tras la detención del pastor Andrew Brunson por cargos de terrorismo este mismo año, no se ha publicado ninguna condena por el asesinato de Layla - a manos de un gobierno al que EEUU supuestamente se opone. Para los sirios de todo el mundo, esta falta de acción envía un mensaje: que a los líderes mundiales les importan poco los crímenes cometidos contra civiles, a menos que beneficie a sus propios intereses estratégicos.
En su octavo año, la guerra de Siria parece estar terminando, y la comunidad internacional planea la reconstrucción del país y facilitar el regreso de los refugiados. Sin embargo, para el pueblo sirio - que ha sido testigo de incontables crímenes contra la humanidad -, y con noticias como el asesinato de Layla saliendo a la luz cada día, su postura sigue siendo la misma: no puede haber paz sin justicia.
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