La situación política en Túnez es volátil y frágil y podría terminar con varios resultados. Quiero abordar tres perspectivas: la partidista, la electoral y la gubernamental. Están entrelazadas y convergen en un punto común: la lucha eterna por el poder y la dominación de posiciones de influencia y toma de decisiones.
A nivel partidista, los frágiles intereses y alianzas existentes se reúnen en torno a cálculos electorales o coaliciones parlamentarias actuales que pretenden aprobar leyes o presupuestos, formar estructuras constitucionales o renovar la confianza en los gobiernos, sin presentar políticas claras. Estas alianzas no llegan al nivel de entidades o bloques partidistas, basados en programas, visiones y percepciones compartidas. Por lo tanto, son susceptibles a una destrucción o reestructuración en cualquier momento, según las leyes de intereses y las variables del panorama político. Esto queda reflejado con el híbrido de la Coalición Nacional, que surgió de las ruinas de otros bloques parlamentarios, y que pretende brindar un apoyo polémico y condicional al primer ministro, Youssef Chahed. También quiere influir la acción parlamentaria y formular estrategias comunes para las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
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Estos bloques parlamentarios circunstanciales e híbridos exigen que consideramos con más profundidad las propuestas que han impuesto en Túnez desde la revolución, sin ningún tipo de control moral o legislativo; por lo tanto, nos encontramos con turismo partidista, que ha corrompido la política y ha contribuido a su volatilidad. También suponen un dilema moral que ha contribuido a reducir el nivel de confianza en la clase política por su ausencia de principios y valores y la prevalencia de sus intereses. Los miembros de este eslabón político han traicionado a sus electores y los han rechazado, ya que han cambiado la afiliación partidista por la que fueron elegidos y han violadlo el contrato moral y político que les vinculaba con sus votantes. Sean cuales sean las excusas, justificaciones y argumentos que presenten, siguen estando muy por debajo de las expectaciones de los votantes respecto a una élite política que han elegido en base a programas y compromisos políticos, así como afiliaciones ideológicas y partidistas.
Dos etapas electorales separadas, aunque críticas, esperan a los votantes y a la clase política. La importancia de las elecciones legislativas y presidenciales radica en prepararse para la reforma del mapa político y partidista y de la balanza de poder tras la prueba de cuatro años a la que se han sometido el gobierno y la implementación de sus programas. El resultado es, como mínimo, débil y decepcionante.
Por lo tanto, existe el posible potencial de cambiar la clase gobernante si se encuentran verdaderas alternativas caracterizadas por su credibilidad, su calidad y su capacidad para unificar a la gente y ganarse su confianza. Sabemos que, normalmente, las elecciones son una ocasión para achacar responsabilidades y para castigar a los partidos y facciones políticas que no cumplieron con sus promesas y compromisos. Esto explica la desconexión entre los partidos Ennahda y Nidaa Tounes, ya que ambos quieren evitar las consecuencias negativas de su pasado en el gobierno y pretenden responsabilizar al otro partido. Por lo tanto, es probable que surja el mismo conflicto electoral de siempre entre los modernistas y los retro-activistas, y entre quienes quieren lograr paz y estabilidad y quienes se esconden tras las tensiones y el terrorismo. Esto queda reflejado en el dilema que experimenta Ennahda, empeorado y promovido por la presidencia, así como por Nidaa Tournes, después de que haberlo encubierto tanto tiempo y con tanta ambigüedad.
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Ennahda se ve obligada a pasar dos pruebas vitales sufriendo el menor daño posible. La primera, el proyecto de ley sobre la igualdad en las herencias, respecto al cual existe una fuerte oposición en el partido y entre sus partidarios. Esto está obligando al partido a movilizarse y unir sus filas, además de reunir a diputados y bloques en el núcleo del parlamento para que voten en contra de la ley. Esto parece complicada, dada la progresiva mayoría en el parlamento que está a favor de la ley en la forma en que fue presentada ante la Asamblea del Pueblo. Ennahda no quiere movilizar el apoyo en las calles, ya que esto se podría volver en contra del partido y hacer que sea acusado de afectar a la ley y el orden. El partido también teme ser categorizado interna y externamente como una fuerza regresiva de camino a una elección crucial y fatídica.
La segunda prueba a superar se relaciona con las agencias de seguridad paralelas y las “operaciones negras” del Ministerio del Interior. Esto sugiere un enfoque partidista político que evite las posibles fluctuaciones políticas y de seguridad adoptadas por un partido cuyos líderes han sufrido persecuciones, torturas y desalojos. Una de sus principales prioridades es tomar precauciones para cualquier posible emergencia o acontecimiento causado por la frágil situación interna y la situación regional inestable y confusa. Uno de sus principales programas no anunciados tras la revolución fue penetrar en el Estado profundo para encontrar fuerzas partidarias en las instituciones públicas.
Las agencias de seguridad paralelas y las operaciones negras entran en este contexto, ya que se presentan para el movimiento de Ennahda como una prueba fatídica que sólo puede resolverse mediante la absolución judicial. Esto se debe a que, independientemente de cómo de alto se alcen las voces de sus líderes o cómo de intensos sean sus discursos, a día de hoy, la decisión final de este asunto les corresponde al Consejo de Seguridad Nacional y al poder judicial.
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La tercera característica dominante del panorama política en Túnez es el mal desempeño del gobierno y la ausencia de una voluntad política para imponer grandes reformas. Esto es culpa de las manos temblorosas que manejan el timón y de la rampante corrupción en las instituciones del gobierno. Además, existe una falta de adjudicación de responsabilidades y de una evaluación del desempeño de los políticos, y de oficiales que hayan sido castigados por el gobierno desde la revolución. Ministros, escritores estatales, primeros ministros, asesores y oficiales de alto cargo han sido despedidos o se les ha permitido completar sus deberes sin ser acusados, supervisados o evaluados. El distanciamiento entre los sucesivos oficiales en el mismo cargo se ha convertido en lo habitual y refleja una falta de continuidad estatal y su debilidad como una característica distintiva de la gobernanza.
Esto nos recuerda a una etapa pasada que creíamos haber dejado atrás, atada a la personalización de las instituciones y a su impregnación del temperamento, personalidades y orientaciones de sus oficiales. Todavía no hemos llegado a una etapa de institucionalización del gobierno. Este fenómeno se ha inflado, a pesar de haber llegado a etapas importantes en la construcción de la transición democrática, como resultado de la naturaleza del sistema político que surgió de la constitución de 2014; un sistema parlamentario modificado que produce inestabilidad política y gubernamental, llevando inevitablemente a la ausencia de responsabilidades. Esto se debe a la falta de una mayoría parlamentaria y de una oposición fuerte capaz de activar los mecanismos de control, y de ejercer su papel como fuerza de presión, modificación y provisión de alternativas.
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