La población migrante que atraviesa Libia se enfrenta a "horrores inimaginables". Así lo denuncia la ONU en un nuevo informe publicado la semana pasada que pone de manifiesto el carácter y alcance de los abusos a los que se enfrenta esta población migrante que se dirige a Europa.
Tomando como base entrevistas personales mantenidas con más de 1,300 inmigrantes que llegaron a Libia en los últimos 18 meses, el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR/ACNUDH) refleja que “una mayoría abrumadora" de las adolescentes y mujeres que han pasado por el país había sido violada por los traficantes o había sido testigo de cómo sus compañeras eran llevadas a lugares apartados para sufrir estos abusos.
Mientras, el Director de la Misión Especial de la ONU en Libia, Ghassan Salame, ha afirmado tras la publicación de este informe que "se está observando un fracaso a nivel local e internacional a la hora de lidiar con este drama humano oculto que se sigue produciendo en Libia".
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Dicho informe refleja las experiencias de algunos migrantes que han regresado a sus países de origen o han conseguido arribar a Italia, y que describen el alcance de la trata de personas y la esclavitud en el país. Según estos testimonios, numerosos refugiados son vendidos por una banda criminal a otra y retenidos en centros de detención ilegales en los que se enfrentan a torturas, violaciones, trabajos forzados y ejecuciones extrajudiciales.
En el informe también se puede leer que "en toda Libia son a veces encontrados en contenedores de basura, lechos de ríos secos, granjas y el desierto cadáveres no identificados de migrantes y refugiados con heridas de bala, marcas de tortura y quemaduras".
Según la ONU, la guardia costera libia ha interceptado entre el comienzo de 2017 y octubre de 2018 a 29,000 migrantes. A partir del momento de su intercepción, miles de personas son llevadas a centros de detención descritos por el personal de la ONU como "inhumanos" donde los migrantes permanecen arbitraria e indefinidamente sin acceso a cobertura o defensa legal y a un proceso judicial.
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La ONU denuncia también la complicidad "en el contrabando o tráfico de migrantes y refugiados de algunos actores estatales entre los que se incluyen funcionarios locales, miembros de grupos armados formalmente integrados en instituciones estatales y representantes del ministerio del Interior y del ministerio de Defensa".
Por lo que, según ha expresado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet "la situación es completamente terrible". Para Bachelet, “acabar con la flagrante impunidad de los criminales que cometen estos crímenes no solo terminará con el sufrimiento de decenas de miles de mujeres, hombres y niños migrantes y refugiados que buscan una vida mejor sino que además debilitará la economía paralela ilegal construida en base a los abusos sufridos por estas personas y ayudará a restablecer el estado de derecho y las instituciones nacionales".
El informe llama también a los Estados de la UE a reexaminar sus formas de cooperación con Libia en el tema de la migración con el objetivo de evitar contribuir a estos abusos tan flagrantes, explicando que “este restablecimiento de las bases de cooperación con Libia debería incluir el trabajar para poner fin a las detenciones automáticas y arbitrarias de migrantes y refugiados que se encuentren en situación irregular, erradicar completamente las torturas, malos tratos, casos de violencia sexual y de trabajos forzados en situación de detención, y poner fin a todas las prácticas de devolución en caliente que violan la estricta prohibición de realizar expulsiones colectivas”, concluye.
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Libia es un lugar de tránsito para muchos migrantes a la hora de recuperar sus fuerzas y ahorrar suficiente dinero antes de intentar continuar su viaje hacia Europa.
Sin embargo, a pesar de la amenaza de sufrir violencia y abusos, los gobiernos europeos que desean detener los flujos migratorios han realizado a veces esfuerzos para deportar a los migrantes a Libia. Esto supone una clara violación de las leyes internacionales que prohíben la deportación de refugiados a aquellos lugares en los que sus vidas puedan correr peligro.
Tanto la ONU como la UE han reconocido reiteradamente que Libia no es un país seguro. Sin embargo, en julio, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió a los ministros de la UE que reconsideraran esta valoración. Y el mismo Salvini, que desde que el nuevo gobierno italiano asumiera el cargo el pasado junio ha emprendido una popular ofensiva contra las migraciones, está siendo investigado por un fiscal siciliano por nepotismo, secuestro y arresto ilegal.
Desde febrero de 2017 el gobierno italiano viene concediendo financiación a las autoridades libias para que estas se encarguen de controlar a la población refugiada y eviten su desplazamiento hacia Europa. Estas autoridades infringen repetidamente el principio legal internacional de la "no devolución": este principio protege a la población migrante de las devoluciones a aquellos países en los que existan razones para temer el padecimiento de cualquier tipo de persecución.
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