Israel deportará al director de la oficina regional de Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, en contra de lo que demanda una petición del Tribunal Supremo.
El jueves de la semana pasada, el Gobierno israelí envió su respuesta a una petición ante el Tribunal Supremo presentada por Shakir para detener la orden de deportación que pesaba contra él. La respuesta afirmaba que Shakir “ha promovido durante muchos años el boicot a Israel, y desde que se unió a la organización de derechos humanos ha seguido llamando al boicot a Israel a través de su cuenta personal de Twitter”.
El Gobierno israelí también afirma que Shakir –un ciudadano estadounidense de origen iraquí- tenía previsto viajar a Bahréin para promover el boicot contra Israel en la conferencia de la FIFA de 2017, y que previamente había tratado de establecer una organización pro-BDS en la Universidad de Stanford.
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La decisión del jueves llega tras varios años de odisea para Shakir a manos del Gobierno israelí. La decisión inicial para la deportación fue tomada por el ministro del Interior Aryeh Deri a recomendación del ministro de Asuntos Estratégicos Gilad Erdan.
Muchos consideraron la orden como una respuesta directa después de que en marzo de 2017 la Knesset ratificara una ley que prohíbe otorgar visados o permisos de residencia a los ciudadanos extranjeros que pidan el boicot a Israel. En diciembre de ese año, el Ministerio de Asuntos Estratégicos presentó un documento con “las actividades de boicot de Shakir a lo largo de los años, que incluía la recomendación de que se le debería privar de su permiso de trabajo e impedirle regresar al país”.
En mayo de 2018, Deri emitió una orden para suspender el permiso de trabajo de Shakir y para deportarle con el pretexto de “su actividad contra Israel”. Shakir recurrió ante el Tribunal Supremo.
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El Gobierno israelí entonces solicitó un aplazamiento de su respuesta a la petición ante el Tribunal Supremo, mientras permanecía pendiente el caso de la estudiante palestino-estadounidense Lara Alqasem. La joven había sido detenida en el Aeropuerto Ben Gurion con el motivo de que había participado en el movimiento BDS. Sin embargo, en octubre el Tribunal Supremo decidió que no debería ser deportada, puesto que la ley anti-BDS no se puede aplicar a su caso.
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