La guerra israelí-estadounidense declarada contra el movimiento palestino de boicot está llegando a su punto culminante, en un intento perfectamente orquestado de eliminar cualquier forma tangible de protesta contra la actual colonización israelí de Palestina.
Pero una ‘victoria’ de Israel, incluso con el apoyo ciego del gobierno de los EEUU, sigue estando demasiado lejos. El asesinato de manifestantes desarmados en la valla que separa Gaza de Israel a menudo se justifica como la ‘autodefensa’ de Israel. Sin embargo, puede que la legislación de leyes inconstitucionales contra los derechos del pueblo a boicotear a un Estado que perpetra crímenes de guerra no sea una tarea fácil.
El hecho de que 26 estados estadounidenses ya hayan aprobado la legislación o alguna forma de condena contra el acto civil del boicot, como defiende el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), debería aumentar la conciencia sobre la inicua influencia israelí en Estados Unidos, más que sobre el propio BDS.
El primer proyecto de ley del Senado estadounidense de 2019 (S.B.1), titulado “Reforzamiento de la Seguridad de Estados Unidos en Oriente Medio en 2019”, pedía a los gobiernos estatales y locales que retiraran los contratos con cualquier entidad individual o empresarial que boicotee a Israel.
El proyecto de ley no fue aprobado, lo cual es algo prometedor. Sin embargo, debe señalarse lo escandaloso que es que un país que está subsistiendo durante un cierre de gobierno y una crisis política encontrara necesario impulsar esta ley en defensa de un país extranjero.
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La propuesta de ley reaparecerá, por supuesto. Por desgracia, los estadounidenses deberían acostumbrarse a la idea de que las prioridades Israel, aunque sean sesgadas e irracionales en defensa de su ocupación militar ilegal de Palestina, se convertirán en el principal grito de guerra del gobierno de los EEUU durante los próximos años.
Aunque esta noción ha demostrado ser cierta en el pesado, nunca antes los estadounidenses de a pie se habían visto convertidos en el principal objetivo de la agenda política del movimiento de extrema derecha de Benjamin Netanyahu.
Incluso la mera protesta por esta agenda está siendo rechazada. A Angela Davis, de 74 años, icónica activista estadounidense en defensa de los derechos civiles y merecidamente célebre por su s décadas de contribución a la sociedad americana, le negaron la entrega de un premio del Instituto de Derechos Civiles de Birmingham debido a su defensa de los palestinos y su apoyo al BDS.
Esta caza de brujas, que ya ha alcanzado a los intelectuales más admirados de la sociedad estadounidense, también está afectando a ciudadanos comunes, lo cual supone un avance preocupante del poder incontrolado de Israel en Estados Unidos.
Pero, ¿cómo han adquirido Israel y sus partidarios esta influencia desproporcionada sobre el gobierno y la sociedad estadounidenses?
Básicamente, el Lobby.
Aclamado por el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos (AIPAC) y otros lobbies pro-Israel, el Congreso de EEUU lidera ahora la guerra israelí contra los palestinos y sus partidarios. En el proceso, pretenden arrancar de raíz los valores democráticos estadounidenses.
El preludio de esta particular batalla que, sin duda, se intensificará en 2019, empezó cuando AIPAC declaró en su “Agenda de Lobby 2017” (PDF) que la criminalización del boicot a Israel es una prioridad absoluta.
El Congreso estadounidense, que, históricamente, ha demostrado estar supeditado al gobierno israelí y a sus lobbies, acogió con entusiasmo los esfuerzos de AIPAC. Esto dio lugar al proyecto de ley S.720 del Senado, también conocido como la “Ley Contra el Boicot a Israel”, cuyo objetivo era prohibir el boicot a Israel y a sus asentamientos judíos ilegales en la Cisjordania palestina ocupada.
La propuesta de ley obtuvo casi inmediatamente el apoyo de 48 senadores y 234 miembros de la cámara. Como era de esperar, fue redactada en la mayor parte por AIPAC.
El castigo para quienes se saltaran la ley propuesta iba de los 250.000 al millón de dólares y podía llegar hasta los 10 años de prisión.
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Las medidas anti-palestinas en Estados Unidos no son nada nuevo. De hecho, el ferviente apoyo a Israel y el completo rechazo hacia los palestinos es el único aspecto que tienen en común demócratas y republicanos. Está por ver si la inclusión de mujeres musulmanas progresistas en las nuevas filas de la cámara cambiará o al menos hará frente a esta realidad.
Por ahora, la triste realidad es que las mismas personas que deberían proteger la Constitución son las mismas que la violan. La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense has dio el pilar para la defensa del derecho popular a la libertad de discurso, la libertad de prensa, “la libertad del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar soluciones al gobierno”.
Sin embargo, a menudo este derecho ha desaparecido al aplicarse a Israel. El Centro para los Derechos Constitucionales se refiere a este fenómeno como “La Excepción Palestina”.
Por difícil que parezca, existe un aspecto positivo en todo esto. Durante muchos años, se ha percibido de forma errónea que la solicitud israelí de apoyo estadounidense en contra de los palestinos y los árabes no es un país extranjero entrometiéndose o interfiriendo en el sistema político de Estados Unidos o perjudicando a su democracia.
Sin embargo, la “Ley Contra el Boicot a Israel” es la más atroz de tales intervenciones, ya que va en contra de la Primera Enmienda, la base misma de la democracia estadounidense, utilizando a los propios legisladores de Estados Unidos como sus ejecutantes.
Pero nada de esto tendrá éxito porque, simplemente, las ideas nobles no pueden ser derrotadas.
Además, para Israel esto es un nuevo tipo de batalla, una que ingenuamente está intentando luchar usando las tácticas tradicionales de las amenazas y la intimidación, respaldado por el apoyo ciego de EEUU.
Israel no es un estudiante de historia. No ha aprendido nada de la experiencia de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. No es de extrañar que Israel fuera el último partidario del régimen de apartheid en ese país antes de que cayera.
Para los verdaderos defensores de los derechos humanos, independientemente de su raza, religión o nacionalidad, este es su momento, ya que ningún cambio significativo se produce sin que la gente se una en la lucha.
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