Un informe publicado recientemente por el Ministerio de Planificación de Egipto ha revelado que en los últimos cinco años el gobierno ha gastado más de 1,3 billones de libras egipcias (unos 3.700 millones de dólares) en programas de protección social. Según la ministra de Solidaridad Social, Ghada Wali, el gobierno egipcio puso en marcha ocho programas de protección social, incluida la iniciativa Solidaridad y Dignidad, así como la tarjeta estatal de prestaciones para personas discapacitadas.
Al mismo tiempo la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas anunció que al final del ejercicio económico 2017/2018, el nivel de pobreza había aumentado en todo el país hasta llegar al 32,5% de la población, frente al 27,8% del ejercicio económico 2015/2016. Se trata del mayor aumento del nivel de pobreza en Egipto en 19 años.
Los economistas consideran que eso demuestra el fracaso de los programas de protección social del presidente Abdul Fattah Al-Sisi. Pero, ¿por qué estos programas no han logrado proteger de la pobreza a millones de personas egipcias?
Según el economista Abdul Hafiz Al-Sawi, los programas de Sisi son simbólicos en lo que se refiere a los temas de los que se ocupan y a la cantidad de personas a las que van dirigidos. En declaraciones a Arabi 21, Al-Sawi insistió en que estos programas se impusieron a Egipto en virtud de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en agosto de 2016, según el cual Egipto obtuvo un crédito de 12.000 millones de dólares para un período de tres años. Explicó además que la falta de interés del gobierno de Sisi ha hecho que se apliquen a medias, únicamente para que las autoridades egipcias puedan "demostrar" al FMI que han hecho lo que se les pedía.
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Al-Sawi también indicó que los fondos utilizados para financiar los programas de protección social (el último de los cuales es la "Iniciativa Vida Digna") provienen de préstamos del Banco Mundial. Los considera un desastre y suponen una enorme carga para el Tesoro de Egipto.
La semana pasada Sisi relanzó esta iniciativa particular durante la VII Conferencia Nacional de la Juventud en la nueva capital administrativa con el objetivo de luchar contra la pobreza y elevar la posición económica, social y medioambiental de las familias más necesitadas de las aldeas pobres. Su objetivo es proporcionar oportunidades de empleo y maximizar su potencial de producción para que tengan una vida digna.
Cuando Egipto emprendió el Programa Solidaridad y Dignidad en noviembre de 2015, se dijo que iba a proporcionar una ayuda económica mensual a aquellas personas que tuvieran más de 65 años, a quienes no pudieran trabajar por motivos de salud y a quienes carecieran de unos ingresos de al menos 350 libras egipcias (unos 20 dólares) al mes. Se suponía que se iba a llevar a cabo por medio de un proceso de selección que iba a realizar el Ministerio de Solidaridad Social. Sin embargo, Al-Sawi señaló que el programa ofrece un máximo de 450 libras al mes por familia y no por persona, lo que significa que muchas familias siguen viviendo en la mayor de las miserias. Señaló que dos millones de familias que habían solicitado ayuda a través del Programa Solidaridad y Dignidad no han recibido nada según las estadísticas del presupuesto estatal para el año fiscal 2018/2019. Aunque 3,5 millones de familias reciben esta ayuda mínima, la habían solicitado 5,5 millones de familias.
Al-Sawi explicó que la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas decidió deliberadamente establecer el umbral de pobreza nacional en 735 libras egipcias, que es inferior al de 950 libras establecido por el Banco Mundial, con el objetivo de reducir la tasa oficial de pobreza. Sin embargo, señaló que si la Agencia hubiera adoptado los criterios del Banco Mundial para evaluar la pobreza, la tasa de pobreza en Egipto habría sido mucho más alta de lo que indican las cifras oficiales.
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"Los programas de protección social no se deberían limitar a la ayuda económica", insistió, "deberían proteger verdaderamente a las personas beneficiarias, protegerlas de una vida indigna, de la enfermedad, orientarlas a una educación adecuada y cualificarlas para el mercado laboral. Pero la realidad es muy diferente".
El economista señaló que las organizaciones benéficas cerradas por Sisi proporcionaban una amplia red de seguridad social a las personas pobres y suministraban artículos esenciales a las familias empobrecidas. Indicó que el gobierno egipcio había valorado las obras de caridad durante 2007/2008 en 17.000 millones de libras. Las valoraciones actuales son mucho más altas.
"El cierre de las organizaciones benéficas sacó a la luz que el papel desempañado por el Estado no logra proteger a las personas pobres. Las organizaciones que todavía existen tampoco funcionan con la misma eficacia que antes porque están sometidas a una rigurosa supervisión de seguridad y muchos donantes se abstienen de apoyarlas porque temen ser acusados de financiar el terrorismo".
Meses después del golpe de Estado que derrocó al presidente Mohamed Morsi el 3 de julio de 2013, el gobierno egipcio anunció la creación de un comité encargado de confiscar los bienes de los Hermanos Musulmanes. En abril de 2017 este comité fue sustituido por una ley "que organiza la incautación, administración y gestión de los activos de grupos e individuos terroristas". Desde 2013 se ha ocupado de los activos de más de 1.200 organizaciones benéficas y de cientos de instituciones y hospitales privados, pero no se dispone de datos oficiales que permitan saber a la ciudadanía cuánto dinero se ha quedado el Estado o adónde ha ido todo este dinero.
En declaraciones a Arabi 21, el director del Departamento de Estudios Económicos de la Academia de Relaciones Internacionales de Estambul, Ahmad Dhikrallah, afirmó: "Egipto ha emprendido un programa de reformas económicas en colaboración con el FMI según el cual se le ha concedido un préstamo de 12.000 millones de dólares. Sin embargo, ha dejado toda la carga de la aplicación de este programa sobre los hombros de la ciudadanía egipcia, a consecuencia de lo cual la mayoría de las y los egipcios viven ahora por debajo del umbral de la pobreza y no se han beneficiado en absoluto de este programa".
Esta semana Egipto anunció que había recibido 2.000 millones de dólares, la última parte del préstamo del FMI, en cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno en agosto de 2016, según el cual Egipto ha implementado políticas de austeridad y reducido los subsidios del combustible, la electricidad y otros servicios, además de devaluar la moneda.
A consecuencia de estas medidas la inflación se ha disparado a un nivel récord del 35 %, sin precedentes en las últimas décadas. Así, el valor de los ingresos en términos reales se ha reducido aproximadamente un 10% en los últimos días. Los expertos ponen en duda la credibilidad de estos bajos niveles. Las reservas netas de divisas del Banco Central de Egipto ascendían a 44.351.000 millones de dólares a finales de junio, mientras que la deuda externa de Egipto aumentó a finales del año pasado a 96.600 millones de dólares, lo que equivale al 35,1% del PIB.
"El programa de reformas económicas aplicado por Egipto estipuló la aplicación de un impuesto sobre el valor añadido, triplicar los derechos de aduana y reducir cinco veces las subvenciones a la electricidad y al combustible", añadió Dhikrallah, "y el Gobierno continúa adoptando más medidas". Destacó que todos los programas de protección social asociados al programa del FMI son extremadamente frágiles.
"Se esperaba que la ciudadanía se beneficiara de estos programas", concluyó este economista. "Sin embargo, según el boletín de investigación interna de la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas, cuya publicación está en suspenso, un 32% de la población egipcia vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que un 25% está muy cerca de dicho umbral o es susceptible de caer en la pobreza. Esto significa que casi el 57% de las y los egipcios son pobres, lo cual es exactamente la proporción confirmada por el Banco Mundial en su reciente informe en el que señalaba que el índice de pobreza en Egipto es de aproximadamente el 60%. Se espera que este índice ascienda al 70% tras los nuevos aumentos del precio del combustible, lo que significaría que alrededor de 70 millones de personas en Egipto viven por debajo del umbral de la pobreza".
Verdaderamente Abdul Fattah Al-Sisi no ha protegido de la pobreza a la inmensa mayoría de la población egipcia.
Este artículo se publicó originalmente en árabe en Arabi21 el 5 de agosto de 2019, escrito por Ibrahim Al-Tahir.
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