Hace hoy seis años, el ejército egipcio irrumpió en la plaza de Rabaa, en El Cairo, y asesinó a 1.000 de los manifestantes que protestaban por la expulsión del primer presidente del país elegido democráticamente, Mohammed Morsi. Les dispararon, les quemaron vivos y les asfixiaron con gas lacrimógeno. Las fuerzas de seguridad bloquearon las entradas para que las ambulancias no pudieran acceder y ayudar a los heridos.
¿Qué?: La masacre de Rabaa
¿Cuándo?: 14 de agosto de 2013
¿Dónde?: Egipto
¿Qué sucedió?
Después de que Morsi fuese expulsado tras un golpe de Estado militar el 3 de julio de 2013, los Hermanos Musulmanes hicieron un llamado para manifestarse en las plazas de Rabaa Al-Adawiya y Al-Nahda. Unas 85.000 personas salieron a manifestarse.
Varios miembros de los Hermanos Musulmanes llevaban 47 días manifestándose frente a la mezquita de Rabaa Al-Adawiya, en El Cairo, cuando las fuerzas de seguridad les atacaron sobre las 6 de la mañana del 14 de agosto de 2013.
Las fuerzas de seguridad dispararon indiscriminadamente contra la multitud, prendieron fuego a las tiendas de campaña de los manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos a las masas. Varios vehículos blindados y excavadoras avanzaron contra los manifestantes.
Unas 1.000 personas fueron asesinadas, miles resultaron heridas y más de 800 fueron detenidas.
¿Qué pasó después?
Al parecer, figuras liberales como el escritor Alaa Al-Aswany respaldaron la masacre, al igual que los medios estatales. “Son grupos de terroristas y fascistas”, declaró Al-Aswany.
A pesar de que la policía y el ejército abrieron fuego e hicieron un uso excesivo de la fuerza, ningún oficial de seguridad ha sido llevado ante la justicia ni ha sido responsabilizado de la masacre.
En 2015, el gobierno renombró la plaza en honor de Hisham Barakat, el fiscal público que presidió la absolución de Hosni Mubarak.
Las autoridades ampliaron sus medidas represivas, no sólo contra miembros de los Hermanos Musulmanes, sino contra cualquiera que se opusiera al régimen. Miles fueron detenidos, torturados, les negaron la ayuda médica en prisión y fueron víctimas de desaparición forzada.
Human Rights Watch y la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales llevaron a cabo investigaciones independientes sobre la masacre, y concluyeron que había sido perpetrada en su mayoría contra manifestantes desarmados.
A pesar de ello, la comunidad internacional reanudó las exportaciones de armas a Egipto poco después de la masacre y, en general, ha procurado fortalecer su relación con el régimen de Sisi.
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