Un informe del periódico israelí Haaretz dijo que el activista canadiense de derechos humanos, William (Bailey) Wiley, ha recopilado alrededor de 800.000 documentos que implican al presidente sirio Bashar Al-Assad en crímenes de guerra. Estos documentos están guardados en un almacén bien vigilado en un país europeo.
Según el periódico, estos documentos comprenden las actas de las audiencias y las órdenes militares emitidas directamente por Al-Assad, y se han recopilado en los últimos seis años, con la ayuda de más de 40 activistas de campo de las zonas de combate en Siria. William Bailey, quien gestiona la recopilación de estos documentos, espera que Bashar Al-Assad algún día sea llevado ante un juicio internacional por crímenes de guerra.
El periódico señaló que realizó una entrevista por Skype con el activista mencionado, quien dijo que: “Los materiales que he recopilado contienen suficientes testimonios para juzgarlo varias veces. Hay pruebas sólidas de que cometió crímenes de guerra y el archivo está cerrado ".
Según Haaretz, estos documentos se guardan en una ciudad europea no identificada, por temor a la vida del activista canadiense. Los documentos incluyen fotos que documentan las atrocidades de los crímenes del régimen. Más de 30.000 fotos revelan los horrores de la guerra en Siria, que según dijo el activista canadiense al periódico canadiense The Globe and Mail: "son parte del archivo más consolidado y documentado desde los juicios de Nuremberg".
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Wiley agregó en la entrevista con Haaretz: "Hemos tenido éxito en el desarrollo y la recopilación de grandes piezas de evidencia que vinculan a Al-Assad y sus asociados cercanos en el liderazgo con los crímenes de guerra". Según Haaretz, Wiley puede considerarse una agencia privada de espionaje, un juez autoproclamado o tal vez ambos.
"Durante muchos años, he podido seguir de cerca las restricciones que rigen el trabajo de las instituciones internacionales oficiales, lo que podían hacer y lo que no podían", dijo el activista al diario.
Según él, muchas organizaciones sufren dos limitaciones principales. La primera es su reticencia a poner en peligro la vida de las personas y, por lo tanto, a poseer un pequeño número de activistas en el terreno del conflicto, lo que impone restricciones a la hora de recopilar información y obtener testimonios en el lugar de los hechos. La segunda restricción está relacionada con organismos, como la Corte Penal Internacional en La Haya, que no tienen el derecho de iniciar la recopilación de testimonios y tomar iniciativas. Además, estos organismos están "limitados por consideraciones políticas y diplomáticas que dificultan sus actividades".
El periódico señaló que en el pasado, Wiley sirvió en el ejército canadiense. Tiene un doctorado en derecho penal internacional y anteriormente se desempeñó como asesor de la corte de crímenes de guerra contra el ex presidente yugoslavo Slobodan Milošević.
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