El pasado jueves 22 de agosto era la fecha marcada por las autoridades de Bangladés para iniciar un proceso de repatriación paulatina de refugiados rohingya que habitan en ese país, desde que cruzaron la frontera con Myanmar, su nación de origen, para escapar de la muerte y la violencia desatada en el último trimestre de 2017.
Alrededor de 1 millón de musulmanes rohingya esperan ansiosos un compromiso por parte de las autoridades de Myanmar, vale decir los militares que gobiernan dicho país, así como garantías claras de las agencias internacionales que los animan a regresar. Mientras tanto sobreviven como pueden en Cox’s Bazar, convertido en el mayor campo de refugiados del mundo.
Las autoridades de Myanmar, la antigua Birmania en épocas de colonización británica, han negociado con el gobierno del vecino Bangladés un dudoso acuerdo para la repatriación de al menos 3.500 personas. Sin embargo, entrevistadas 300 familias rohingyas, expresaron su negativa a regresar hasta no obtener sus reivindicaciones.
Es lógico imaginar el temor de estas personas a volver al país del que tuvieron que salir en condiciones deplorables, huyendo de las violaciones, asesinatos y quemas de aldeas enteras en lo que la propia ONU ha calificado de limpieza étnica, en base a una profunda investigación presentada en 2018.
Si bien los rohingya llevan residiendo siglos en el estado occidental de Rajine, su condición de musulmanes siempre ha sido resistida por la población budista que constituye el 89%, fuertemente alentada por los monjes budistas a través de un discurso de incitación al odio, que fue convenientemente aprovechado por los militares que gobiernan aquel país con absoluta prescindencia del respeto a derechos humanos básicos, como el derecho a la vida o el acceso a educación, salud, y un largo etcétera.
Líderes comunales rohingya expresaron recientemente a la prensa internacional y a observadores de ONG humanitarias, como Human Rights Watch o ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) su rechazo a regresar hasta no obtener garantías de parte del gobierno de Myanmar de que se les otorgará la nacionalidad y de que se les llamará por su grupo étnico, es decir rohingya en vez de bengalíes. Esta práctica negacionista de no reconocer la identidad a un colectivo intenta eliminar toda noción de su pertenencia a una de las múltiples etnias que componen la República de la Unión de Myanmar. Al denominarlos bengalíes se persigue obstinadamente la extranjerización de dicho colectivo.
En 1948, la Ley de Unión de Ciudadanías identificó las "razas indígenas de Birmania" que tenían derecho a la nacionalidad, y los rohingya fueron excluidos. Aquellos que pudieron documentar la presencia de al menos dos generaciones en el país accedieron a documentos de identidad y así se facilitó la nacionalidad a parte de la comunidad. Sin embargo, con el Golpe de Estado militar de 1962, los militares obligaron a los birmanos a obtener tarjetas de identidad, pero restringieron la concesión de documentos a los rohingya, con el pretexto de que eran inmigrantes ilegales. Posteriormente y siempre bajo gobierno militar, la Ley de Ciudadanía de 1982, estableció las 135 etnias que componen Birmania dejando, de nuevo, a los rohingya al margen. Así pues, los rohingya carecen de documentación porque se les ha negado el derecho a la ciudadanía desde hace décadas.
Por otra parte, es preocupante la tibieza con la que han respondido otras naciones ante este nuevo intento de genocidio, calificado por la investigación de ONU de crimen contra la humanidad. Ello tiene que ver, muy probablemente, con un contexto internacional en el que las potencias más desarrolladas siguen embretadas en otras disputas internas, como por ejemplo el Reino Unido y la incertidumbre ocasionada a raíz del proceso del Brexit, las tensiones entre Estados Unidos, desde la llegada del Presidente Donald Trump, con socios europeos relevantes en la escena internacional, como son Alemania y Francia, especialmente a raíz de sus diferencias respecto del pacto nuclear con Irán. Rusia y China apoyan por intereses geoestratégicos a Myanmar vetando cualquier resolución condenatoria en el seno del Consejo de Seguridad de ONU.
En el fondo, los rohingya son considerados un pueblo primitivo, ello equivale para muchos a ser subdesarrollado y presumiblemente dócil, por lo que puede ser obligado a acatar lo que otros le ordenen. En definitiva, esto demuestra el desprecio por el otro, la falta de empatía que caracteriza a muchos funcionarios humanitarios alejados del sufrimiento cotidiano de los refugiados.
Por otra parte, es entendible que Bangladés, uno de los países más pobres de Asia y con una densidad de población muy elevada, 177 millones de personas, necesite pactar con Myanmar el regreso de refugiados que suponen una carga adicional para un Estado con recursos escasos. Además, las naciones desarrolladas en la actualidad no dan muestras de generosidad recibiendo migrantes que huyen de situaciones desesperadas, hambruna, sequías o conflictos bélicos. Más bien al contrario, con el auge de los populismos nacionalistas impulsados por la victoria de Trump, países como Polonia o Hungría se rehúsan a recibir refugiados y aquellos que sí lo hacen no se comprometen con grandes cifras. Lamentablemente, el 86% de los 71 millones de refugiados que existen hoy en el mundo, no llegan nunca a Europa, Estados Unidos o Canadá. Permanecen varados en países limítrofes a los suyos, en vías de desarrollo como Kenia, Uganda, Turquía o Libia, que utilizan a su vez esta carta para presionar a otras naciones, por ejemplo, a la Unión Europea, con el fin de obtener privilegios o beneficios económicos a cambio.
Es evidente que esta triste realidad, la repatriación mediante intimidación de algún tipo, ya sea de los rohingya en Bangladés o de los ciudadanos de Burundi en Tanzania, es notoriamente desconocida en otras latitudes, por ejemplo, en Latinoamérica, lo que redunda en una inexistente conciencia del problema y una débil corriente de simpatía popular que podría generar debates en el seno de sociedades militantes de los derechos humanos como pueden ser Uruguay, Argentina o Brasil.
Corremos el riesgo de incumplir el pacto global para los refugiados, en caso de validar procesos de repatriación que no sean enteramente voluntarios y con garantías claras de que las personas no sufrirán castigos o violaciones a sus derechos. Es tarea, pues, de docentes e instituciones educativas en todos los rincones del planeta comprometerse con estos temas de la agenda global, de forma tal que se pueda formar a periodistas y profesores para concientizar y educar en derechos humanos, que siguen siendo universales.
El lema bien podría ser “salvar al otro es salvar nuestra propia humanidad”.
- Susana Mangana es profesora de estudios árabes e islámicos, dirige la cátedra de Islam en la Universidad Católica de Uruguay, residió durante años en Oriente Medio, habla árabe y estudia el mundo árabo-musulmán desde un enfoque multidisciplinar. Interesada en la cultura, sociedad y política de los árabes y musulmanes, viaja regularmente a la región e investiga sobre la presencia de este colectivo en Latinoamérica.
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