Un informe del gobierno español, publicado el jueves por el periódico marroquí Assabah, reveló que el número de menores marroquíes no acompañados que han llegado a través de la migración ilegal actualmente es de 14.000, incluidos unos 4.000 que llegaron en 2019.
Según el informe, publicado por las plataformas de medios españolas, los menores marroquíes representan el 61’89 por ciento del número total de niños que llegaron a España. De este modo, los marroquíes llegaron primero según las estadísticas de tasas de inmigrantes que llegaron a la región ibérica; la mayoría de ellos se distribuyen entre las provincias de Andalucía, País Vasco, Madrid y Valencia, así como Murcia, Aragón, las Islas Canarias, Navarra, Ceuta y Melilla.
Estos menores, conocidos como "mina", se han refugiado en el territorio español por mar, ya sea a través de botes de la muerte, escondiéndose debajo de camiones de transporte internacional o dentro de cavidades hechas especialmente en automóviles utilizados por redes de tráfico de personas, en busca de mejores perspectivas para ayudar a sus familias y mejorar su condición social.
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Según fuentes de los medios, las autoridades españolas decidieron "deshacerse" de los menores marroquíes no acompañados. Estos esfuerzos están sujetos a un acuerdo entre las autoridades marroquíes y sus homólogos españoles.
Según la Policía de Inmigración y Fronteras de España, las mismas fuentes señalaron que el proceso de deportación de menores marroquíes es parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países. Este esfuerzo está diseñado para prevenir la migración ilegal de menores no acompañados, otorgándoles una protección esencial. En más de una ocasión expresaron su consternación ante la creciente presión sobre los centros de recepción dedicados a menores inmigrantes en estas áreas.
Assabah indicó que a pesar de las críticas expresadas por la Red Española de Inmigración y Refugiados y varias organizaciones de derechos humanos, Madrid continúa implementando sus decisiones. El periódico también dijo que la decisión de deportarlos se basaba en un estudio detallado preparado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España. El informe concluye que los menores corren el riesgo de ser explotados por mafias de tráfico de personas y traficantes de drogas.
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