La tortura sufrida por el prisionero palestino Samer Arabeed a manos de los interrogadores israelíes de Shin Bet ha demostrado, una vez más, que la prohibición de ese trato consagrado en la Cuarta Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma y la Convención de la ONU contra la Tortura es poco más que una serie de puntos de referencia utilizados por grupos de derechos humanos como recordatorios para los torturadores.
Arabeed fue trasladado al Hospital Hadassah tras una intensa tortura después de ser arrestado por su presunta participación en un ataque con bomba en agosto. Una declaración de la Asociación de Apoyo a los Prisioneros y Derechos Humanos, Addameer, mencionó que Israel admitió haber usado "técnicas extremas y excepcionales en los interrogatorios que en realidad equivalen a tortura".
El Ministerio de Justicia de Israel ha anunciado una investigación para decidir si se deben instigar procedimientos penales contra los funcionarios de Shin Bet. La tortura de Arabeed resultó en costillas rotas y pérdida de conciencia. Su situación ahora pone en peligro su vida y depende de una máquina de soporte vital. Su familia y su abogado fueron notificados tarde de su traslado de la prisión al hospital.
El pasado julio, el prisionero palestino Nasser Taqatqa murió tras ser torturado e interrogado a manos de Shin Bet. Testimonios de ex prisioneros palestinos dan testimonio del hecho de que los interrogadores israelíes utilizan sistemáticamente la tortura. En 2013, Arafat Jaradat murió bajo tortura mientras estaba detenido en la prisión de Megido.
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En noviembre de 2018, el Tribunal Superior de Israel dictaminó a favor de la tortura si el detenido palestino es miembro de "una organización terrorista designada", está involucrado en la resistencia armada o si no hay otros medios para obtener información. Si Israel ha establecido dicha inmunidad, ¿cómo se espera que la referencia constante a las leyes y convenciones internacionales sea suficiente para detener la tortura de los prisioneros palestinos?
Al establecer los detalles sobre la prohibición de la tortura, la comunidad internacional obvió la rendición de cuentas con el fin de rentabilizar los derechos humanos para los autores y un laberinto de callejones sin salida para las víctimas. Entre estas polaridades, las organizaciones de derechos humanos se han encargado de defender los principios en lugar de los gobiernos, pero su potencial limitado o, en algunos casos, sus agendas parciales, no han podido implementar ningún sistema de justicia viable.
Israel es más que consciente de esta disonancia y explota la ausencia de responsabilidad para manipular lo que constituye un medio aceptable de tácticas de interrogación. La completa marginación de los palestinos por parte de la comunidad internacional en lo que respecta a sus derechos ha facilitado la constante normalización de la tortura por parte de Israel, en total violación del derecho internacional, sin una condena colectiva.
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El resultado es una separación permanente entre la difusión de información y el tipo de recurso legal que brindaría a los prisioneros palestinos una oportunidad de justicia. Las organizaciones de derechos humanos como Addameer se ven obligadas a una colaboración involuntaria con la diplomacia, navegando en ciclos interminables y repetitivos para crear conciencia, que es lo que la comunidad internacional buscaba en primer lugar cuando no pudo mantener la responsabilidad.
Pedir la liberación de Arabeed no será el fin de la depredadora violencia de Israel. Es un paso preventivo contra nuevas torturas, pero detrás de esta historia hay otras que han escapado a la escasa atención de los medios que catapulta los nombres de las víctimas, aunque sea brevemente, a los titulares. Addameer por sí sola no puede lograr justicia para los prisioneros palestinos. Como mínimo, debe existir un enfoque global colectivo para exponer la complicidad de la comunidad internacional en la tortura y su agenda fraudulenta de derechos humanos.
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