WhatsApp demandó el martes a la empresa de vigilancia israelí NSO Group, acusándola de ayudar a espías del gobierno a entrar en los teléfonos de aproximadamente 1.400 usuarios en cuatro continentes en una ola de piratería, cuyos objetivos incluían diplomáticos, disidentes políticos, periodistas y altos funcionarios del gobierno, según informa Reuters.
En una demanda presentada en un tribunal federal en San Francisco, el servicio de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook Inc, acusó a NSO de facilitar la piratería gubernamental en 20 países. México, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron los únicos países identificados.
WhatsApp dijo en un comunicado que 100 miembros de la sociedad civil habían sido objetivo del espionaje, y lo calificó como "un patrón inconfundible de abuso".
NSO negó las acusaciones.
"En los términos más enérgicos posibles, disputamos las acusaciones de hoy y lucharemos enérgicamente contra ellas", dijo NSO en un comunicado. "El único propósito de NSO es proporcionar tecnología a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley del gobierno con licencia para ayudarlos a combatir el terrorismo y los delitos graves".
WhatsApp dijo que el ataque explotó su sistema de videollamadas para enviar malware a los dispositivos móviles de varios usuarios. El malware permitiría a los clientes de NSO, que se dice que son gobiernos y organizaciones de inteligencia, espiar en secreto al propietario de un teléfono, abriendo sus vidas digitales al escrutinio oficial.
WhatsApp es utilizado por unos 1.500 millones de personas mensualmente y a menudo se ha jactado de un alto nivel de seguridad, incluidos mensajes cifrados de extremo a extremo que WhatsApp u otros terceros no pueden descifrar.
Citizen Lab, un laboratorio de investigación de seguridad cibernética con sede en la Universidad de Toronto que trabajó con WhatsApp para investigar la piratería de teléfonos, dijo a Reuters que los objetivos incluían conocidas personalidades de la televisión, mujeres prominentes que habían sido objeto de campañas de odio en internet y personas que se habían enfrentado a "intentos de asesinato y amenazas de violencia".
Ni Citizen Lab ni WhatsApp identificaron a estas personas por su nombre.
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Los gobiernos han recurrido cada vez más al sofisticado software de piratería a medida que los funcionarios buscan llevar su poder de vigilancia a los rincones más remotos de la vida digital de sus ciudadanos.
Las compañías como NSO dicen que su tecnología permite a los funcionarios eludir el cifrado que protege cada vez más los datos almacenados en teléfonos y otros dispositivos. Pero los gobiernos rara vez hablan de sus capacidades públicamente, lo que significa que las intrusiones digitales como las que afectaron a WhatsApp generalmente ocurren en la sombra.
El abogado Scott Watnik calificó la medida de WhatsApp como "completamente sin precedentes", y explicó que los principales proveedores de servicios tendían a evitar los litigios por temor a revelar demasiado sobre su seguridad digital. Dijo que otras empresas estarían observando el progreso de la demanda con interés.
"Ciertamente podría sentar un precedente", dijo Watnik, que preside la práctica de seguridad cibernética en el bufete de abogados Wilk Auslander en Nueva York.
La demanda busca que NSO tenga prohibido acceder o intentar acceder a los servicios de WhatsApp y Facebook y busca daños no especificados.
![A file photo dated May 6, 2018 shows Prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi in Istanbul, Turkey [Omar Shagaleh / Anadolu Agency]](https://i2.wp.com/www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/2018/10/20181020_2_32969902_38269911.jpg?resize=500%2C333&quality=75&strip=all&ssl=1)
Una foto de archivo con fecha del 6 de mayo de 2018 muestra al destacado periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul, Turquía [Omar Shagaleh / Agencia Anadolu]
El software de piratería telefónica de NSO ya ha sido implicado en una serie de abusos contra los derechos humanos en América Latina y Oriente Medio, incluido un escándalo de espionaje en Panamá y un intento de espionaje a un empleado del grupo de derechos Amnistía Internacional, con sede en Londres.
NSO fue objeto de un escrutinio particularmente exhaustivo por la acusación de que su software espía desempeñó un papel en la muerte del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul hace poco más de un año.
El amigo de Khashoggi, Omar Abdulaziz, es uno de los siete activistas y periodistas que han llevado a la firma de software espía a los tribunales de Israel y Chipre por las acusaciones de que sus teléfonos estaban comprometidos con la tecnología NSO. Amnistía también presentó una demanda, exigiendo que el Ministerio de Defensa de Israel revoque la licencia de exportación de NSO para "evitar que se beneficie de la represión patrocinada por el estado".
NSO recientemente trató de limpiar su imagen después de que fuese comprada por la firma de capital privado con sede en Londres Novalpina Capital a principios de este año. En agosto, el cofundador de NSO Shalev Hulio apareció en "60 Minutes" y se jactó de que su software espía había salvado a "decenas de miles de personas". No proporcionó detalles.
NSO también ha llamado a una serie de asesores de alto perfil, incluidos el ex gobernador de Pensilvania Tom Ridge y Juliette Kayyem, profesora titular de seguridad internacional en la Universidad de Harvard. El mes pasado, NSO anunció que comenzaría a cumplir con las directrices de la ONU sobre abusos contra los derechos humanos.
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