Los investigadores de las Naciones Unidas han emprendido recientemente las etapas iniciales de una "investigación especial" ante la posible inclusión del ejército israelí en una "lista de vergüenza" de las fuerzas armadas culpables de violaciones graves contra los niños.
El Representante Especial del Secretario General para los Niños y los Conflictos Armados (SRSG-CAAC) inició la revisión como seguimiento al informe anual sobre niños y conflictos armados publicado en julio. Sin embargo, la “investigación especial" no fue anunciada públicamente por Virginia Gamba, actual titular del mandato SRSG-CAAC.
En ese momento, los activistas de derechos humanos criticaron enérgicamente el hecho de no incluir a las fuerzas israelíes, a pesar de las violaciones graves y bien documentadas cometidas contra niños palestinos, incluidas las víctimas de la Gran Marcha del Retorno.
Sin embargo, en una conferencia de prensa, cuando se le preguntó si sería capaz de realizar una visita de seguimiento antes de finales de 2019, lo que en última instancia podría conducir a incluir al ejército israelí, Virginia Gamba respondió que sí.
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Según una fuente dentro de una organización de derechos infantiles que trabaja en la supervisión de violaciones graves contra niños en el territorio palestino ocupado, los agentes de la sociedad civil aún no han sido informados de ningún resultado de la investigación en particular.
La fuente expresó su preocupación por la transparencia en el proceso de toma de decisiones del SRSG-CAAC y el Secretario General, tras repetidos fracasos en la inclusión de las fuerzas israelíes a lo largo de los años, a pesar de la amplia evidencia de violaciones que incluyen asesinatos ilegales.
Esa preocupación por la transparencia es lo que está impulsando el deseo de los activistas de derechos humanos y los trabajadores de las ONG sobre el terreno de hacer pública la investigación.
El Consejo de Seguridad de la ONU exige que las partes incluidas en la lista "firmen y lleven a cabo un plan de acción con la ONU para poner fin a sus violaciones contra los niños", con "las partes que se niegan a firmar o llevar a cabo un plan de acción... sujetas a sanciones, incluyendo embargos de armas, prohibiciones de viaje y congelamiento de activos".
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