Egipto no tortura a los prisioneros detenidos, dijo ayer el ministro de asuntos parlamentarios, Omar Marwan.
"Si quien fuera enviado a prisión ya hubiera sido interrogado, ¿por qué [las autoridades egipcias] lo torturarían?", dijo Marwan a los periodistas.
Criticando las recientes críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre lo que se describe como "asesinatos y torturas por parte de las fuerzas de seguridad egipcias", Marwan pidió a la comunidad internacional que "venga y visite las cárceles en los centros de detención locales" y "pregunte a los prisioneros cómo son tratados".
"Las autoridades están trabajando actualmente para contar la concentración dentro de las cárceles del país", señaló el ministro, y agregó que el gobierno estaba construyendo "nuevas cárceles como resultado del aumento en el número de delincuentes".
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Las autoridades egipcias, señaló Marwan, no evitarían una manifestación, destacando que seguiría una "orden judicial".
Las declaraciones de Marwan se produjeron después de su asistencia a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la capital suiza de Ginebra, durante la cual Estados Unidos (EE. UU.) y otros países occidentales instaron a Egipto "a investigar presuntos asesinatos y torturas por parte de sus fuerzas de seguridad" y "liberar a periodistas y otras personas arrestadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión".
En respuesta, Marwan, que encabezaba la delegación egipcia, dijo que "se tomaron muchas acciones penales y disciplinarias por incidentes relacionados con la tortura, se organizaron muchos juicios contra los autores de tortura y malos tratos" en los últimos cinco años.
Desde que el actual presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi, asumió el poder en 2014, el gobierno ha iniciado medidas represivas contra los activistas prodemocráticos y cualquier persona sospechosa de oponerse a su liderazgo. Grupos locales e internacionales de derechos humanos acusan a las autoridades egipcias de llevar a cabo desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y detenciones ilegales de miles de disidentes. Egipto siempre ha negado las acusaciones.
Amnistía Internacional ha descrito la situación en Egipto como la peor crisis de derechos humanos en el país en décadas, con el estado llevando a cabo sistemáticamente arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas para silenciar cualquier disidencia y crear una atmósfera de miedo.
La última ola de arrestos, que según activistas de derechos humanos fue la más intensiva de Egipto en años, se produjo después de las protestas excepcionales contra Sisi en El Cairo y otras ciudades a finales de septiembre. Según la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, hay unas 3.000 personas acusadas, incluidos abogados y académicos, por cargos como el uso de las redes sociales para difundir noticias falsas, unirse a un grupo terrorista prohibido y protestar sin un permiso.
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