Las autoridades de Arabia Saudí han liberado a 11 ciudadanos que fueron detenidos durante varios días el mes pasado para ser interrogados sobre presuntos vínculos con entidades extranjeras, dijo a Reuters un funcionario saudí.
La nueva ola de detenciones se produjo cuando el reino asumió la presidencia del Grupo de los 20 países, en medio de una crítica occidental por su historial contra los derechos humanos tras el asesinato del destacado periodista Jamal Khashoggi por agentes saudíes.
Los detenidos fueron interrogados bajo sospecha de recibir fondos de países extranjeros y coordinarse con organizaciones hostiles, dijo el funcionario a Reuters sin proporcionar más detalles o pruebas.
Ninguno de ellos ha sido acusado, pero el caso sigue abierto y los cargos aún podrían presentarse, agregó el funcionario que habló bajo condición de anonimato.
La razón sigue sin estar clara, ya que las personas no se consideran activistas de primera línea, aunque algunos habían escrito previamente sobre los levantamientos de la Primavera Árabe de 2011.
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Fuentes, incluido el grupo de derechos humanos saudí ALQST, con sede en Londres, dijeron la semana pasada que alrededor de 10 personas, en su mayoría escritores e intelectuales, habían sido sacadas de sus hogares por policías vestidos de civil. Hasta el domingo, las fuentes no habían confirmado la liberación de todos.
Los activistas han denunciado las detenciones como la última oleada de represión contra la disidencia, que se aceleró en septiembre de 2017 con los arrestos de destacados clérigos islamistas, algunos de los cuales ahora podrían enfrentar la pena de muerte.
Una campaña anticorrupción dos meses después atrapó a principales empresarios y altos funcionarios, varios de los cuales no se han tenido noticias desde entonces.
A mediados de 2018, alrededor de una decena de activistas por los derechos de las mujeres, que habían pedido que se pusiera fin a la prohibición de conducir para las mujeres, fueron arrestados, justo cuando Riad levantó la prohibición.
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El fiscal ha dicho que algunos de ellos eran sospechosos de dañar los intereses saudíes y ofrecer apoyo a elementos hostiles en el extranjero. El príncipe heredero Mohammed bin Salman los acusó de trabajar para la inteligencia de Qatar e Irán.
Este abril, también fueron arrestadas ocho personas, incluidos dos ciudadanos estadounidenses, que habían apoyado a las mujeres detenidas.
Amnistía Internacional ha pedido a los líderes del G20 que presionen a Riad para salvaguardar las libertades: "¿Cómo puede un país con un historial de derechos humanos tan terrible en el país garantizar el respeto de los derechos humanos en un proceso internacional tan importante?”.
Las protestas públicas, los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos en Arabia Saudí, donde los medios están controlados y las críticas a la familia real pueden llevar a prisión.
La reputación del príncipe heredero en Occidente se ha visto empañada por el asesinato de Khashoggi y la devastadora guerra de Yemen.
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