Amnistía Internacional exigió ayer una investigación sobre lo que describió como "el papel de las compañías europeas de armas en la violación del derecho internacional humanitario en Yemen".
Refiriéndose a su reciente incorporación al Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Amnistía pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) "que investigue el papel de los ejecutivos de las compañías de armas europeas y los oficiales de licencias en violaciones del derecho internacional humanitario", y agregó que los tratos de armas equivalían a "crímenes de guerra en Yemen".
El ECCHR, con el apoyo de cinco organizaciones no gubernamentales, presentó recientemente un memorando de 300 páginas con pruebas de apoyo a la Oficina del Fiscal de la CPI (OTP), en el cual el centro de derechos pedía a la CPI "que investigue si funcionarios de alto rango, tanto de compañías europeas como de gobiernos, podrían asumir la responsabilidad penal de suministrar armas utilizadas por miembros de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en posibles crímenes de guerra en Yemen".
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Un experto en control de armas de Amnistía dijo que la investigación de la CPI sería un "paso histórico para responsabilizar a los ejecutivos de las compañías de armas por sus decisiones comerciales", y subrayó que "todos los involucrados en la venta de armas a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tienen cierta responsabilidad sobre cómo se usan esas armas".
El empobrecido país de Yemen ha sido acosado por la violencia y el caos desde que los hutíes invadieron gran parte del país, incluida la capital, Saná. La crisis se intensificó en 2015 cuando una coalición militar liderada por Arabia Saudí lanzó una devastadora campaña aérea destinada a hacer retroceder los avances territoriales de los hutíes.
Desde entonces, se cree que decenas de miles de yemeníes, incluidos numerosos civiles, han muerto en el conflicto, mientras que otros 14 millones corren el riesgo de morir de hambre, según la ONU.
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