La Alta Comisión Iraquí para los Derechos Humanos reveló, el miércoles, 121 casos e intentos de asesinatos y secuestros contra los activistas del movimiento popular, desde el inicio de las protestas antigubernamentales y de élite política a principios de octubre de 2019.
Fadel Al-Gharawi, miembro de la comisión (oficial y afiliado al parlamento), dijo en un comunicado que "la comisión ha documentado 49 casos e intentos de asesinato, y 72 casos e intentos de secuestro contra manifestantes, activistas y blogueros, desde el primer día de las manifestaciones ".
Al-Gharawi agregó que la comisión también documentó "50 casos de palizas, amenazas e inhalación de gases lacrimógenos, atacando varios canales satelitales, rompiendo sus equipos y evitando que los trabajadores de los medios cubran las manifestaciones".
Dijo que "los intentos de asesinato, secuestro y asalto de los manifestantes son violaciones flagrantes del derecho a la vida y la seguridad, y constituyen una fuerza restrictiva contra la libertad de opinión, expresión y protesta pacífica".
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Al-Gharawi pidió al gobierno iraquí y a las fuerzas de seguridad que "tomen medidas efectivas para proteger a los manifestantes y periodistas y preservar sus vidas, y que persigan a las partes desconocidas que intentan silenciar a los manifestantes y llevarlos ante la justicia".
Los activistas, que participaron en las protestas, fueron expuestos a ataques coordinados; incluidos asesinatos, secuestros y torturas en lugares secretos desde el estallido de los disturbios.
El gobierno iraquí se ha comprometido reiteradamente a enjuiciar a los responsables de estas violaciones, pero hasta ahora no ha obtenido resultados, en un momento en que los activistas acusan a los militantes de facciones chiítas pro iraníes de ser responsables de los ataques, lo que las facciones negaron categóricamente.
Irak ha sido testigo de protestas sin precedentes desde principios de octubre pasado, entremezcladas con violencia, que causaron la muerte de más de 600 personas, según Amnistía Internacional y declaraciones del presidente iraquí, Barham Salih.
El movimiento popular obligó al gobierno de Adil Abdul Mahdi a renunciar, el 1 de diciembre de 2019, e insiste en retener a todas las figuras políticas, acusadas de corrupción y malgastar fondos estatales, rendir cuentas y aislar a la clase política, que gobernó el país, desde el derrocamiento. del régimen de Saddam Hussein en 2003.
Iraq vive en un vacío constitucional desde que el plazo dado al Presidente de la República para asignar un candidato para formar el próximo gobierno llegó a su fin el 16 de diciembre, debido a los profundos conflictos sobre el candidato.
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