![Abdelmadjid Tebboune, nuevo presidente de Argelia [Twitter]](https://monitordeoriente.com/wp-content/uploads/2020/02/Bouteflika-Names-Abdelmajid-Tebboune-New-Prime-Minister-.jpg)
El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, enfatizó la importancia de la enmienda constitucional tan esperada al adoptar mecanismos legales para combatir la corrupción por todos los medios legales posibles, para establecer un ambiente de trabajo saludable fortalecido con valores y ética.
Tebboune aclaró en sus declaraciones que el sistema de justicia está a cargo de la protección legal y judicial de las inversiones, a fin de ser efectivo en la protección de los derechos de las personas e instituciones, y resolver las disputas con la velocidad requerida dentro del marco de la ley. Esto proporcionaría el entorno adecuado para alentar las inversiones en todos los sectores y regiones del país.
Agregó que enmendar la constitución mejoraría la justicia en la sociedad, fortalecería los puentes de confianza con los inversores empresariales, alentando a los jóvenes a establecer instituciones macro y microeconómicas, gracias a las nuevas tecnologías.
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Tebboune también señaló que la protección legal y judicial a las inversiones extranjeras también atraerían inversores extranjeros, lo que permitiría la transferencia de tecnología y conocimiento, especialmente porque Argelia ha firmado docenas de acuerdos que impiden la doble imposición para proteger las inversiones.
Tebboune enfatizó que la protección de la inversión extranjera está garantizada a través de la adhesión de su país a varios acuerdos internacionales relevantes y a los acuerdos bilaterales firmados con más de 50 países. También reveló que las inversiones y el comercio que la constitución argelina exigen más: "Protección y promoción de los intereses de la economía nacional". Todo esto se tendrá en cuenta en la próxima enmienda constitucional.
Tebboune emitió una decisión en enero para establecer un comité de expertos encargados de redactar propuestas para revisar la constitución. Esto propondría cualquier medida que garantice la independencia de los jueces, el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos, la mejora de la vida pública, la rehabilitación de las instituciones de supervisión y consultoría para presentar los resúmenes de sus trabajos, dentro de un período máximo de tres meses a partir de la fecha del nombramiento, se remiten al parlamento para su aprobación y referéndum popular.
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