La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra de Israel en la Cisjordania ocupada se retrasará probablemente hasta un mes, según ha informado el Jerusalem Post.
El retraso podría durar al menos hasta el 30 de marzo, tras el cierre del edificio del tribunal en La Haya el martes debido a la pandemia de coronavirus. Por ello, la Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha solicitado una prórroga sobre el asunto hasta el 30 de abril, alegando la crisis sanitaria mundial.
Los palestinos han pedido a la CPI que investigue los crímenes de guerra israelíes cometidos en los territorios ocupados en relación con los asentamientos ilegales, la expropiación de tierras y el asesinato de civiles durante las ofensivas militares contra civiles en la Franja de Gaza.
Sin embargo, el 16 de marzo y en los días anteriores, algunos países, ONG y juristas presentaron escritos amicus curiae a la Corte Penal Internacional pidiendo permiso para presentar argumentos jurídicos contra la jurisdicción del tribunal para enjuiciar las demandas por crímenes de guerra contra Israel. Algunos de los países que se alinearon con Israel contra la jurisdicción del tribunal son Alemania, Canadá, Austria, la República Checa, Hungría y el Brasil. Argumentan que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el caso porque Palestina no cumple los criterios para ser un Estado.
La cuestión es ahora si la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional considerará a "Palestina" como un Estado, y sobre qué territorio diría que tiene jurisdicción para autorizar una investigación criminal completa de los israelíes por crímenes de guerra.
La Autoridad Palestina publicó un comunicado el lunes pidiendo a la CPI que rechace cualquier objeción a la idea de un estado palestino. Tal decisión, insiste la AP, socavaría los objetivos y el propósito de la CPI por motivos formalistas, impidiéndole perseguir los crímenes de guerra. En cualquier caso, la CPI no investiga a los Estados, sino a los funcionarios acusados de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
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