El Parlamento marroquí criticó ayer a Amnistía Internacional y pidió al grupo de derechos humanos que se disculpe y aporte pruebas de las acusaciones de que los funcionarios espiaron a los periodistas en el país utilizando software israelí.
Varios bloques parlamentarios subrayaron la necesidad de "respetar los derechos humanos tal y como se estipulan en la constitución y el derecho internacional", a la vez que se aferran a los mecanismos de las Naciones Unidas.
Durante una sesión parlamentaria celebrada el lunes, los bloques parlamentarios exigieron a Amnistía que proporcionara pruebas de sus acusaciones o que se disculpara por respeto a la defensa de los derechos humanos, declarando su "compromiso con la defensa de la soberanía nacional contra cualquier hostilidad".
Las autoridades marroquíes rechazaron el viernes un informe de Amnistía que afirmaba que espiaban al periodista Omar Radi utilizando tecnología de fabricación israelí.
Amnistía dijo que revisó el teléfono de Radi y alegó que las autoridades lo habían espiado utilizando un programa de espionaje desarrollado por la empresa de seguridad cibernética NSO Group, que ha sido vinculada al asesinato del columnista saudí Jamal Khashoggi.
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Radi, un crítico de la trayectoria de Marruecos en materia de derechos humanos, había sido interrogado por la policía por lo que el fiscal dijo que eran sospechas de que recibía fondos vinculados a servicios de inteligencia extranjeros.
Los parlamentarios marroquíes denunciaron lo que describieron como "las acusaciones de Amnistía Internacional sobre el espionaje con teléfonos móviles y la consiguiente campaña contra los intereses del Reino de Marruecos", declarando "su rechazo a los prejuicios sistemáticos y a la subestimación de los logros de Marruecos en el ámbito de los derechos humanos y las libertades".
En su respuesta a los llamados del viernes, el grupo de derechos humanos dijo: "El gobierno marroquí ha acusado falsamente a Amnistía Internacional de no ofrecerles el derecho de respuesta a las conclusiones del informe, y de inventar hechos y no proporcionar pruebas que respalden las afirmaciones hechas en él". Añadiendo que ofrecía a las autoridades el derecho a responder dos semanas antes de la publicación.
"Esta no es la primera vez que se han hecho esfuerzos para socavar el trabajo de Amnistía y coincide con una profundización de la represión dentro del país. Docenas de activistas de derechos humanos, periodistas independientes y manifestantes están actualmente en prisión y las autoridades han aprovechado la pandemia de COVID-19 en los últimos meses para procesar a más críticos", añadió Amnistía.
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