El Reino Unido firmó más de 75 millones de libras esterlinas (94 millones de dólares) en programas espía y escuchas telefónicas que normalmente se utilizan para restringir las libertades de algunos de los regímenes más autoritarios del mundo, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahrein.
Diecisiete países calificados como "no libres" por la ONG Freedom House, fueron receptores de dicha tecnología, de acuerdo con los registros públicos descubiertos por el Independent. China también se encuentra entre los beneficiarios del relajado enfoque del Reino Unido en cuanto a la venta de esa tecnología que normalmente se utiliza para la represión política.
La venta multimillonaria ha atraído las críticas del Partido Laborista. "El gobierno tiene el deber legal y moral de asegurar que las exportaciones de Gran Bretaña no sean utilizadas por otros países con fines de represión interna", dijo al Independent la secretaria de comercio internacional del Partido Laborista, Emily Thornberry.
Thornberry sugirió que el riesgo de un posible uso indebido de dicha tecnología por parte de regímenes represivos no estaba en la mente del gobierno del Reino Unido, señalando que países como los tres Estados del Golfo "tienen un historial de acoso a los oponentes políticos y de socavar las libertades democráticas, y cuando el equipo en cuestión esté listo para ser aprovechado de esa manera".
"El gobierno debe mostrar urgentemente cómo se evaluaron esos riesgos en estos casos y cómo se utilizó finalmente este equipo", exigió Thornberry.
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Un portavoz del gobierno se menciona en el Independent diciendo: "El gobierno se toma en serio sus responsabilidades de exportación y evalúa todas las licencias de exportación de acuerdo con estrictos criterios de licencia. No emitiremos ninguna licencia de exportación cuando hacerlo sea incompatible con estos criterios".
Esta garantía fue desestimada por Oliver Feeley-Sprague, director del programa de Amnistía Internacional en el Reino Unido para asuntos militares, de seguridad y policiales. El Reino Unido no parecía estar llevando a cabo evaluaciones de riesgo adecuadas al vender tales equipos, dijo Feeley-Sprague, añadiendo que los controles del gobierno se estaban volviendo "notorios" por su "defectuosa toma de decisiones".
"Con numerosos defensores de los derechos humanos detenidos y encarcelados en países como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein en los últimos cinco años, es más necesario que nunca que el Reino Unido sea absolutamente escrupuloso en la evaluación del riesgo de que la tecnología de las telecomunicaciones británicas se utilice ilegalmente contra activistas de los derechos humanos, periodistas y figuras de la oposición pacífica", explicó Feeley-Sprague.
La semana pasada Gran Bretaña anunció su decisión de reanudar la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos. Una investigación realizada por el Reino Unido desclasificado concluyó en un nuevo y condenatorio informe, "Paralizando una nación", que la coalición liderada por los saudíes recibió entrenamiento británico en tácticas navales que se dice fueron utilizadas para bloquear a Yemen, un embargo que los expertos de la ONU han descrito como "ilegal".
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