El rey Abdullah de Jordania juró el lunes un nuevo gobierno liderado por el veterano diplomático Bisher al Khaswaneh que buscará acelerar las reformas respaldadas por el FMI mientras la economía se enfrenta a su mayor contracción en décadas debido a la crisis del coronavirus.
Khasawneh, de 51 años y de formación británica, fue nombrado el miércoles para sustituir a Omar al Razzaz, en un momento de creciente descontento popular por el empeoramiento de las condiciones económicas y las restricciones de las libertades públicas en virtud de las leyes de emergencia para contener la pandemia.
El nuevo primer ministro, que procede de una familia que durante mucho tiempo ha ocupado altos cargos políticos, ha pasado la mayor parte de su carrera pública como diplomático veterano y negociador de paz con Israel, con el último período como asesor de palacio.
El ministro de Relaciones Exteriores Ayman Safadi y el ministro de Finanzas Mohamad Al Ississ, que supervisa el programa de reformas del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mantuvieron sus puestos en un gabinete de 32 miembros dominado por una mezcla de tecnócratas y políticos conservadores que dominaron los gobiernos anteriores.
El nuevo gobierno se enfrenta a la ardua tarea de reactivar el crecimiento de una economía que se espera que se reduzca en torno al 6% este año, mientras se enfrenta a su peor crisis económica en muchos años, con el desempleo y la pobreza agravados por la pandemia.
En Jordania, este mes se ha duplicado prácticamente el total de infecciones desde los primeros casos a principios de marzo, lo que ha hecho que se advierta de un colapso de los servicios de salud si se descontrola.
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Khasawneh supervisará las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 10 de noviembre. La contienda tendrá lugar bajo una ley electoral que margina a la principal oposición islamista y a los partidos políticos independientes para mantener una mayoría de diputados pro-gobierno.
El primer ministro saliente Razzaz, nombrado en 2018 para calmar las protestas por las medidas de austeridad del FMI, había sido criticado por su gestión de la pandemia y el uso de las leyes de emergencia para silenciar la disidencia.
Los grupos internacionales de derechos humanos arremetieron contra las autoridades por haber detenido a cientos de docentes activistas después de disolver sus sindicatos electos el pasado mes de julio.
La detención de disidentes y activistas por criticar las políticas del gobierno hizo saltar la alarma sobre un control autoritario más estricto, señalan los grupos de derechos humanos y los políticos independientes.
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