El Comité de Eliminación de la Poderes, Lucha contra la Corrupción y Recuperación de Fondos del Sudán anunció la confiscación de una granja propiedad del ex dirigente de Al-Qaeda Osama Bin Laden, así como el cese de los servicios de 30 embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, se informó de que se incautarían tierras que estaban en posesión de funcionarios del régimen dirigido por el ex presidente Omar Al-Bashir.
El Vicepresidente del comité y miembro del Consejo de Soberanía Mohamed Al-Faki afirmó que el comité puso fin a los servicios de 30 embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores, debido a sus vínculos con el régimen anterior.
El miembro del comité Salah Manna reveló en una conferencia de prensa, de la que informó Sputnik, que el Estado había recuperado una granja propiedad de Bin Laden, que había sido incautada a uno de los funcionarios del régimen anterior.
Manna mencionó la incautación de la empresa Holborn, afiliada a las Fuerzas Populares de Defensa (FDP), que trabajaba para recibir y distribuir fondos a las alas del difunto régimen.
El miembro del Comité Wagdi Saleh reveló la existencia de una cuenta que contenía cientos de millones en divisas en el Banco Islámico de Solidaridad del Sudán. La cuenta recibía los fondos de dos ex gobernadores del Banco Central del Sudán que solían vender divisas en el mercado negro a los partidarios del antiguo régimen, con ganancias del 30% a favor del ex presidente y su oficina.
Saleh indicó que el comité había recuperado miles de acres y parcelas de tierra de los líderes del antiguo régimen.
Desde la caída del régimen de Al-Bashir en abril de 2019, el comité se ha dedicado a recuperar miles de millones de dólares, tierras y propiedades de los líderes del régimen anterior.
Bin Laden vivió en el Sudán en el decenio de 1990 y fue la razón de que Washington decidiera incluir a Jartum en la lista negra.
Mohamed Ismat, líder de las Fuerzas de Libertad y Cambio que dirigió el movimiento popular contra Al-Bashir, confirmó que, además de los fondos incautados en el país, los dirigentes del antiguo régimen poseen alrededor de 64.000 millones de dólares en bancos en el extranjero.
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