Si Arabia Saudita sigue deteniendo a su ex príncipe heredero, debilitará el prestigio del reino y la seguridad de Occidente, además de violar el derecho internacional, según declaró ayer un grupo de parlamentarios británicos.
El ex príncipe heredero Mohammed Bin Nayef fue destituido y reemplazado en 2015 por el actual príncipe heredero Mohammed Bin Salman. Fue arrestado en marzo de este año y se informa que ha perdido una cantidad significativa de peso ya que su salud se ha deteriorado durante la detención.
Según el panel multipartidista de parlamentarios británicos que investigaron la detención de Bin Nayef tras el testimonio prestado por grupos y activistas de derechos humanos el mes pasado, se descubrió que "sufría de dolores en las articulaciones, en particular en las rodillas, lo que le dificultaba caminar cómodamente sin ayuda". También hay "evidencia de daños en sus pies, que se suman al dolor al caminar".
Además, Bin Nayef ni siquiera "ha podido impugnar su detención ante un juez independiente e imparcial, no tiene acceso a un abogado para discutir su situación y su caso no ha sido revisado para determinar si es apropiado continuar con su detención".
El ex príncipe heredero fue mantenido en confinamiento solitario hasta hace poco. Las autoridades le han advertido de que será enviado de nuevo al aislamiento a menos que libere fondos al gobierno saudí, una amenaza que el panel de parlamentarios considera que es una coacción.
El panel fue presidido por el ex presidente del comité de selección de asuntos exteriores, el diputado Crispin Blunt (conservador). Se le unieron la diputada Layla Moran, la portavoz liberal-demócrata de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, y el diputado Imran Ahmad Khan (conservador), antiguo asistente especial de asuntos políticos en Mogadiscio.
Los parlamentarios han instado a Arabia Saudita a que aborde su deficiente historial en materia de derechos humanos a fin de "defender y explicar sus acciones de manera que no quede totalmente en la picota en el tribunal más amplio de la opinión pública mundial". Esto, argumentaron, es en interés del reino y de la comunidad internacional.
Con el asesoramiento jurídico de Tim Moloney QC de Doughty Street Chambers y Haydee Dijkstal de 33 Bedford Row, el panel fue creado por el bufete de abogados con sede en Londres Bindmans LLP. Sugirió que los Estados miembros del G7 suspendieran sus tratados de extradición y sus acuerdos de transferencia de prisioneros con Arabia Saudita y revisaran todos sus acuerdos actuales sobre prisioneros con el reino debido a las abrumadoras pruebas de sus violaciones de los derechos humanos.
Las empresas de medios de comunicación social, dijo el panel, también deberían resistir la presión y la intimidación de los agentes estatales o de los grupos o personas que puedan estar coordinando con los agentes estatales, reconociendo el poder de las relaciones públicas que el reino ha estado tratando de aprovechar a través de los medios de comunicación social en los últimos años.
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La conclusión del Grupo fue que el trato dado a los detenidos políticos por los sauditas es una "amenaza para la estabilidad del gobierno del Organismo de Seguridad del Estado" y "una amenaza más amplia para la paz y la estabilidad internacionales". Entre las demás recomendaciones formuladas figuraba un llamamiento a "un acceso urgente a los detenidos políticos por parte de las organizaciones internacionales encargadas de evaluar su bienestar y una revisión urgente de cualquier acusación penal a la que se enfrenten los príncipes por motivos de garantías procesales".
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