En 21 de septiembre de 2020, el primer-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció el acuerdo bilateral con el presidente de Honduras, el igualmente controvertido Juan Orlando Hernández (JOH). El Estado colonial del Apartheid israelí no tiene representación diplomática oficial en el país centro-americano desde 1994 y así, se comprometía a abrir una sede oficial en Tegucigalpa. De su parte, el mandatario latinoamericano se comprometería a transferir la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Guatemala y EUA en la violación del derecho internacional. Hernández fue más precavido, colocando la medida según el avance y el combate de la pandemia del coronavirus, cuyos efectos en Israel son muy avanzados. Hasta el momento de conclusión de este artículo, la diplomacia hondureña en el país inventado por el Mandato Británico y la Agencia Colonial seguía en Tel Aviv.
Además de la violación de los derechos humanos, Honduras e Israel pueden tener en común la muy dudosa conducta de ambos jefes de Estado, con fuertes sospechas de corrupción y un comportamiento nada republicano. Desafortunadamente, el heroico pueblo hondureño viene luchando desde 28 de junio de 2009 contra un régimen de facto, inaugurado con el golpe de Estado contra el entonces presidente electo, José Manuel Zelaya Rosales. En esa fecha, el alto mando de las Fuerzas Armadas ejecuta una orden dada por la Suprema Corte de Justicia de Honduras, destituyendo del poder el jefe de Estado legítimo, alegando una supuesta violación de la Constitución de 1982, justamente la Carta Magna de salida de dictadura. En la década de 1980, el país era ocupado por fuerzas especiales de Reagan, sede de la contrarrevolución en Nicaragua y epicentro del narcotráfico. Tal como la Constitución chilena de 1980, redactada por los juristas proto fascistas partidarios de la dictadura de Pinochet, el texto hondureño aseguraba un arreglo en que la ciudadanía no podría mediar en el texto, ni siquiera a partir del plebiscito.
Rosales llega al poder como un clásico oligarca del bipartidismo de Honduras, siendo elegido por el Partido Liberal de Honduras (PLH, de la tradición del liberalismo del siglo XIX, entonces laico y republicano). La fuerza política rival es el Partido Nacional de Honduras (PNH, de matriz conservadora y, católica, en la actualidad, con amplia alianza con pentecostales). La motivación del golpe de Estado fue la tentativa del gobierno de crear mecanismos de consulta directa, además de su sana aproximación con la Alianza Bolivariana (ALBA), entonces liderada por el presidente venezolano Hugo Chávez. La respuesta al golpe fue una huelga general prolongada, desobediencia civil contra el vice golpista (Roberto Micheletti) y la sensación de que el gobierno Obama, con Hillary Clinton en la secretaría de Estado, comenzaría a aplicar golpes jurídico-políticos, tal como ocurrió en Paraguay en 2012 y en Brasil en 2016.
Desde entonces, Honduras vive un dilema típico de países bajo régimen de excepción. Hay una continuidad electoral del mismo partido, el PNH, que perdió en las urnas para Zelaya, ganó en 2010 con Porfirio Lobo, que concursó prácticamente solo (ya que una cuota de la oposición estaba prohibida de disputar el pleito) y , aún, garantizó el sucesor, el más que sospecho Juan Orlando Hernández. Se hizo justicia, esa plantilla de dictadura constitucional o “democradura” ya había sido instalado en Argentina después de la mal afamada “revolución libertadora” cuando, en septiembre de 1955, una conspiración de militares golpistas bombardeó la Casa Rosada, obligó al presidente Juan Domingo Perón a partir al exilio y, en la secuencia, los generales Lonardi y Aramburu se dedicaron a fusilar líderes peronistas antes de abrir el proceso electoral siguiente, con el Justicialismo prohibido de concursar. Tal como en Chile, cuando en abril de 1991 el senador por la UDI (extrema-derecha) y coautor de la constitución del tirano Pinochet fue justiciado por un comando del Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR), el mismo destino tuvo Aramburu. En junio de 1970 otro mando, esta vez de la organización político-militar Montoneros, llevó al mandante de centenares de asesinados a la justicia histórica. Como se puede observar, hay “lucha justa” tanto en América Latina como en el Gran Oriente Medio.
Volviendo al caso hondureño, Porfírio Lobo garantizó el sucesor JOH, que modificó la constitución del país imponiendo su reelección, desala vez con aval de la misma Suprema Corte y de los generales formados en la Escuela de Américas (el centro de contra insurgencia que los EE.UU mantuvieron primero en Panamá, después trasladaron a Fort Benning, estado de Georgia, con el cínico nombre de Instituto Hemisférico para Cooperación Seguridad. Es “curiosa” la posición de Estados Unidos y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). Cuando del golpe contra Zelaya Rosales, La Casa Blanca mantuvo cierta distancia, dejando el llamado deep state moverse a la gana. La OEA, de la época, sorprendentemente se portó bien, condenando la deposición del presidente electo y la represión contra la sociedad civil. En el periodo siguiente, nada fue hecho.
Juan Orlando Hernández fue elegido y después reelegido en una situación de fraude explícito. No bastaba cambiar las reglas del juego con la partida en marcha, JOH concursó contra el ingeniero hondureño de origen árabe-libanesa, Salvador Nasralla. Ese último formó la coalición con LIBRES y PINU, siendo indicado político de Zelaya Rosales. Hernández estaba perdiendo en la cuenta de votos cuando hubo un más que sospechoso apagón eléctrico en el país (la cuenta de votos es manual y las cédulas en papel), llevando al Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) a suspender el anuncio del vencedor. Pasados 17 días, la corte electoral dominada por partidarios de JOH y partidarios del golpe de 2009 reconoció la victoria de la situación, convirtiendo Honduras en una auténtica dictadura civil.
Desde el periodo de Porfirio Lobo, Honduras viene siendo el laboratorio latinoamericano para privatizaciones, tercerizaciones y “extrañas” operaciones de seguridad y economía política del crimen. En agosto de 2016, Hernández y Netanyahu anunciaron un acuerdo de cooperación en temas de securidad con Israel, cuando antes, en 2014, el gobierno de Tegucigalpa había comprado tres aviones radares, que podrían ser usados para abatir aeronaves sospechosas de narcotráfico. Por lo visto, el propósito sería otro.
Juan Antonio “Tony” Hernández, ex-diputado por el PNH, hermano del presidente, era el encargado de una joint-venture comandada por el Cartel de Sinaloa (secundada por los Jinetes Templarios, ambos mexicanos, y el Cartel de los Chang, ese último guatemalteco) para operar en Honduras, y tercerizo unidades enteras de las fuerzas armadas del país (entrenadas por los EE.UU), entre los años de 2004 y 2016. Prendido en Miami en noviembre de 2018, fue condenado por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, en octubre de 2019, aun recurriendo a la sentencia final. Por lo visto, los radares remotos israelíes pueden haber servido para ayudar a los traficantes encastillados en posiciones de poder, cuyo gobierno del hermano del capo hondureño es apoyado por Trump y Netanyahu.
Obviamente, Juan Orlando Hernández niega vehementemente todo y cualquier vínculo de su gobierno con las actividades del hermano, que era congresista, aliado de Alexander Ardón (exalcalde del Paraíso, en la frontera con Guatemala) y habría confesado la financiación de la campaña de JOH con fondos advenidos directamente de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loeira, líder del Cartel de Sinaloa. Debe ser todo “coincidencia” aún, tal como el fato de que el gabinete de Netanyahu se aproximó a todo lo peor que hay en América Latina, apoyando o secundando las operaciones más execrables del imperialismo de Estados Unidos en nuestro Continente.
La sociedad hondureña jamás se rindió y seguirá el curso en el siglo XXI los mismos caminos de la odisea del cacique Lempira, líder originario, cuyas fuerzas jamás se entregaron a los invasores imperialistas cruzados.
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