Las autoridades marroquíes han sido acusadas de silenciar a los críticos de la corte del rey Mohamed VI, y se ha informado de que en algunos casos el gobierno ha recurrido al uso de pornografía privada a modo de venganza. Según un artículo de The Economist, se ha revelado que uno de estos críticos, Fouad Abdelmoumni, afirmó que las autoridades obtuvieron grabaciones de él acostándose con su pareja antes de enviar estos clips a los teléfonos de sus familiares.
El Sr. Abdelmoumni dijo que decenas de disidentes, desde liberales hasta islamistas, se han enfrentado a campañas de desprestigio similares. El reino ha juzgado y encarcelado a tres destacados periodistas desde 2019 por delitos sexuales, incluida la violación. Los medios de comunicación afiliados al Estado, a su vez, han tratado de vincular estas condenas con el propio movimiento #MeToo del país.
Sin embargo, los periodistas independientes creen que están siendo atacados y juzgados en tribunales improvisados. El informe afirma que varias mujeres que testificaron contra los periodistas dijeron posteriormente que sus declaraciones fueron falsificadas y que, al menos una de ellas, también fue encarcelada.
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Algunos observadores han establecido comparaciones con la represión ejercida bajo el difunto padre del monarca, el rey Hassan II, mientras que otros han visto tácticas similares utilizadas bajo el difunto presidente tunecino Zine el-Abidine Ben Ali.
Desde la Primavera Árabe de 2011, el rey Mohamed ha llevado a cabo algunas reformas; sin embargo, la prensa, que en su día fue una de las más libres de la región, se ve ahora cada vez más presionada por la corte real: los redactores han sido encarcelados o se han visto obligados a exiliarse al extranjero. La reciente y controvertida decisión de Marruecos de establecer relaciones con Israel tampoco ha sido cuestionada por los medios de comunicación.
A pesar de una sentencia de 2016 que abolía las penas de prisión por infracciones periodísticas, el informe sugiere que ahora el gobierno ha vuelto a silenciar a los periodistas independientes con delitos penales o acusaciones no relacionadas con su trabajo.
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