Se ha hecho esperar.
A principios de este mes, un grupo de jueces dictaminó que la Corte Penal Internacional (CPI) podía investigar a Israel por crímenes de guerra en los territorios ocupados de Cisjordania y la Franja de Gaza.
Una coalición de abogados palestinos defensores de los derechos humanos celebró la "histórica" sentencia como "un paso de vital importancia para garantizar el Estado de derecho" y "para acabar con la impunidad".
Como dice el refrán, la justicia retrasada es justicia denegada, y en el caso de los crímenes de guerra israelíes, la rendición de cuentas se ha retrasado durante años, durante décadas.
Hace más de un año, la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, concluyó su examen preliminar de la situación. Decidió que se cumplían los criterios para investigar los crímenes de guerra.
Pero ese examen inicial ha durado nada menos que cinco años, con todo el peso de la red de grupos de presión israelíes en el extranjero presionando a Bensouda. De manera escandalosa, también fue sancionada por la administración Trump.
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La sentencia de la CPI de este mes significa que el tribunal de La Haya puede seguir adelante e investigar a Israel por crímenes de guerra durante acontecimientos como la guerra de agresión de Israel de 2014 contra la población de la Franja de Gaza, y las protestas de 2018 a lo largo de la línea fronteriza con Gaza durante las cuales los francotiradores israelíes abatieron a miles de manifestantes desarmados, matando a cientos de ellos e hiriendo a muchísimos más.
No está nada claro en cuanto al tiempo que tardará la CPI en iniciar el proceso de investigación. El fallo del panel sobre la jurisdicción territorial se refería a la posibilidad de "un proceso prolongado", lo que no es precisamente una señal alentadora.
Como era de esperar, a Israel no le ha gustado que la CPI se haya atrevido a indicar que les investigará, a pesar de que el tribunal también dictaminó que era competente para investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por grupos armados de resistencia palestinos como Hamás.
El veredicto de la CPI trae esperanza para Palestina y consternación para Israel - Caricatura [Sabaaneh/MonitordeOriente].
Pero en privado, Israel está claramente preocupado. Un informe de Haaretz ha revelado que Israel ha elaborado una lista secreta de altos cargos militares y políticos susceptibles de ser perseguidos por la CPI, e incluso les ha advertido que se abstengan de viajar por temor a ser detenidos.
Benjamin Netanyahu, primer ministro racista de Israel, despotricó en un extraño vídeo publicado en Internet que la CPI estaba investigando "falsos crímenes de guerra" y que las acciones del tribunal eran "puro antisemitismo". Amenazó con que Israel "lucharía" contra la investigación "con todas nuestras fuerzas".
Gilad Erdan, embajador de Israel ante Estados Unidos y la ONU, también publicó una retorcida declaración en la que acusaba sin fundamento a la investigación de la CPI de ser "antisemita". Erdan era, hasta hace poco, el ministro israelí responsable de orquestar la guerra global de Israel contra el movimiento de solidaridad con Palestina.
Fue el responsable de una campaña internacional de trucos sucios y acoso contra los palestinos y sus partidarios, una campaña que todavía está en marcha. Los abogados de los cuatro grupos de derechos humanos palestinos que tan bien acogieron el fallo del tribunal de la CPI este mes -Al-Haq, Al-Mezan, Addameer y el Centro Palestino de Derechos Humanos- declararon que, en venganza por su compromiso con el tribunal, Israel los estaba sometiendo a un castigo colectivo.
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Esto ha sido: "Una prolongada campaña de calumnias y amenazas de muerte - todo ello diseñado para frustrar, socavar y disuadir el compromiso palestino con el tribunal", escribieron - una campaña de sabotaje encubierta que, según se informa, fue llevada a cabo por el antiguo ministerio de "Asuntos Estratégicos" de Erdan.
El propio Erdan es otro racista declarado en los niveles más altos del gobierno israelí. Ha incitado abiertamente al odio contra los ciudadanos palestinos de Israel, y pide el robo de toda la tierra palestina restante en Cisjordania mediante la anexión formal del territorio ocupado, basándose en "nuestro derecho bíblico a la tierra", dijo en 2018.
La política israelí se compone de la derecha, la extrema derecha y la ultraderecha. En la ultraderecha, los políticos kahanistas supremacistas judíos de Israel son aún más abiertamente genocidas en su incitación contra los palestinos.
El legislador kahanista Bezalel Smotrich (que probablemente formará parte del gobierno de coalición de Israel tras las elecciones del próximo mes) pidió a Netanyahu que expulsara y destruyera todo el pueblo palestino en venganza por la sentencia de la CPI.
"El primer ministro Netanyahu debe ordenar la evacuación de Khan Al-Ahmar mañana por la mañana", publicó en Twitter. "Lo que importa no es lo que dirán los paganos, sino lo que harán los judíos", escribió, citando una frase atribuida al primer Primer Ministro de Israel, David Ben-Gurion.
Pero el premio a la reacción más verdaderamente demencial es para el falso "centro de derecho" israelí Shurat HaDin, que en realidad fue fundado por kahanistas y es un grupo de fachada para el Mossad y otros espías israelíes.
Hace algunos años, la directora del grupo, Nitsana Darshan-Leitner, escribió un artículo de opinión especialmente desquiciado, en el que pedía que Israel invadiera literalmente La Haya, si ésta llegaba a investigar a Israel por crímenes de guerra.
¿Es este el tipo de "lucha" que tiene en mente Netanyahu?
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